Sevilla

La guerra del taxi se pasa a los despachos

  • El conflicto entre taxistas y VTC supone el primer enfrentamiento entre el nuevo Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Sevilla

  • El gobierno local pretende mantener la paz en las calles y crearle un problema a la Junta

Los representantes del taxi, a su llegada a la Consejería de Fomento Los representantes del taxi, a su llegada a la Consejería de Fomento

Los representantes del taxi, a su llegada a la Consejería de Fomento / José Ángel García

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La guerra del taxi vive este jueves un nuevo capítulo en los despachos. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, se reúne a partir de las diez de la mañana con una representación de taxistas de distintas asociaciones. Los taxistas le entregarán una serie de propuestas, algunas de las cuales choca frontalmente con la propia normativa andaluza de defensa de la competencia, que establece que no puede haber distinciones en el trato que la administración ha de dispensar al taxi y a los vehículos con licencia VTC, que trabajan con compañías como Uber y Cabify.

Una de ellas, la más polémica, y que podría suponer el fin de los VTC en Sevilla, es el establecimiento de un plazo mínimo de media hora de espera para poder contratar un vehículo de alquiler con conductor. El Ayuntamiento de Sevilla respalda esta propuesta y, hasta el momento, se ha posicionado claramente a favor del bando del taxi. No sólo pide la media hora de espera, sino que las aplicaciones retiren la geolocalización de los coches, es decir, que el usuario no sepa, como ocurre ahora, por dónde viene su Uber o Cabify y cuánto le queda para recogerle.

Además, el Consistorio ha planteado que los coches de ambas empresas no puedan circular libremente ni estacionar en la calle, salvo que estén llevando a algún viajero. Es decir, el gobierno local quiere obligar a los VTC a que ni siquiera puedan aparcar en un aparcamiento público, como puede hacer cualquier particular. Estas medidas se acompañan de una declaración del servicio de taxi como de interés general.

El presidente de la Unión Sevillana del Taxi, Fernando Morales, este jueves en la Junta. El presidente de la Unión Sevillana del Taxi, Fernando Morales, este jueves en la Junta.

El presidente de la Unión Sevillana del Taxi, Fernando Morales, este jueves en la Junta. / José Ángel García

Con este apoyo explícito al taxi (ni una sola de las medidas propuestas va encaminada a mejorar el taxi y sí a obstaculizar a los VTC), el ejecutivo de Juan Espadas pretende conseguir un doble objetivo. El primero es mantener la paz social en una ciudad que ha estado históricamente afectada por los problemas del taxi, un gremio que llevaba más de veinte años de conflictos internos antes de la llegada de los VTC.

El Ayuntamiento quiere evitar a toda costa que los taxistas puedan realizar algún acto de protesta durante la gala de los Goya, que se celebra el sábado en Fibes. Para ello, ha garantizado que muchos de los asistentes al evento viajarán en taxi. De hecho, ya hay precontratados alrededor de 150 trayectos para la gala.

Cierto es que las calles, en Sevilla al menos, están muy tranquilas desde hace tiempo. Habrán influido sin duda la jubilación de algunos de los líderes más guerrilleros del taxi y la investigación judicial que mantiene a más de 30 taxistas imputados por distintos delitos (entre ellos el de organización criminal) por los continuos sabotajes a los vehículos de VTC, que vivieron su punto culminante con el incendio de los nueve coches de Cabify durante la Feria de Abril de 2017. Pero la chispa puede saltar en cualquier momento.

Otro de los representantes del sector, a su llegada a Fomento. Otro de los representantes del sector, a su llegada a Fomento.

Otro de los representantes del sector, a su llegada a Fomento. / José Ángel García

El segundo objetivo que persigue el Ayuntamiento es eminentemente político: crearle un problema a la Junta. El gobierno local entiende que es la administración autonómica quien debe crear un marco regulatorio común para el sector del transporte de viajeros. Lo hace, en esto sí que chocan, con la oposición de los taxistas, que pretenden que sean los municipios los encargados de establecer esa normativa. Obviamente, porque pueden presionar mucho más a los ayuntamientos que a la Junta o al Gobierno central.

La guerra del taxi supone, por tanto, el primer conflicto del Ayuntamiento gobernado por el PSOE con la nueva Junta de Andalucía en manos del PP y Ciudadanos. Una consejera del PP tendrá que explicar este jueves la postura del gobierno autonómico a los taxistas. Sobre la mesa tiene una circular de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, que rechaza de plano todo lo que propone el Ayuntamiento de Sevilla. Y a dos días de la gala de los Goya.

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