Más de un centenar de ayuntamientos andaluces, concretamente 112, han presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de anular la Ley del Agua recientemente aprobada por la Junta. Estos consistorios consideran que la norma vulnera la Ley de Autonomía Local de Andalucía en su artículo 25, que se confronta con los artículos 32, 33, 78, 82.2, 91, 92, 93, 94 y 95 de la Ley del Agua.

El principal instigador de este recurso ha sido el PP andaluz. Su secretario general, Antonio Sanz, dijo ayer que su partido emprendió esta iniciativa porque "el destino de la ley es hacer frente a los gastos de la Administración andaluza sin que exista un control de gasto". Según Sanz, los ayuntamientos serán los que recauden los impuestos sin tener, sin embargo, "capacidad ni decisión de control del gasto". Esto significa, según Sanz, que la Junta "puede despilfarrar y mantener una estructura ineficaz, como es el caso de la Agencia Andaluza del Agua, sostenida económicamente al cobrar los impuestos los consistorios". Para el dirigente popular, la norma "tiene claros visos de inconstitucionalidad porque supone una vulneración de la autonomía financiera local, así como un incremento de la presión fiscal".

El recurso fue presentado el pasado 28 de enero tras la aprobación por mayoría absoluta en los plenos municipales celebrados en los 112 ayuntamientos, que están gobernados en su mayoría por el PP pero también por el PSOE, como el municipio de Posadas (Córdoba), IULV-CA, como Valenzuela (Córdoba) o los municipios jiennenses de Mengíbar y Jódar, el PA, como Marchena (Sevilla) y formaciones independientes, como Bormujos (Sevilla).