El alcalde de Bollullos par del Condado, Francisco Díaz (Independientes), defendió ayer la legalidad de restringir el empadronamiento a todos aquellos ciudadanos que no presenten un contrato de alquiler o, en su defecto, el permiso del propietario. Estos requisitos llevarán aparejado la necesidad de acreditar que el inmueble cumple las condiciones higiénico-sanitarias para ser habitada, una medida que apunta directamente contra los okupas.

El equipo de gobierno también avanzó su voluntad de eliminar las ayudas sociales a todo aquellos ciudadanos que tenga antecedentes penales. Según Díaz, la iniciativa va dirigida a poner freno a la escalada de robos que ha sufrido el municipio durante el mes de agosto.

Actualmente, para empadronarse en cualquier municipio de España sólo es necesario presentar una fotocopia y el original de tu DNI o, en su defecto, pasaporte o tarjeta de residencia. El alcalde insistió en que no se trata de discriminar a los ciudadanos por cuestión de raza o posición social, sino de velar porque "todos tengan los mismos derechos, pero también los mismos deberes".

El secretario general del PSOE de Bollullos, Rubén Rodríguez, recriminó a Díaz que "quiera negar la residencia a los parados para combatir la delincuencia". Según el también portavoz socialista, "el Ayuntamiento no puede negar el empadronamiento a una persona por el hecho de ser parado, porque estar desempleado no implica ser un delincuente".

Desde los servicios jurídicos del PSOE se está estudiando emprender acciones legales contra unas medidas que atacan de manera cruel a las personas más vulnerables y que menos recursos tienen. Rodríguez sí consideró acertada la medida de controlar los alquileres.