El consejero de Empleo, Manuel Recio, aseguró ayer que la Junta no ha actuado por la vía penal contra el ex director general de Trabajo desde 1998 a 2008, Francisco Javier Guerrero, o contra sus predecesores en el cargo en los años en los que se destapó el fraude en la concesión de ayudas vinculadas a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) -José Antonio Viera y Antonio Fernández- al no tener "indicios potentes contra ellos".

La postura oficial de la Junta es acotar el ámbito de la responsabilidad de este caso al centro directivo que ocupó Guerrero, al que responsabiliza de tejer un entramado de ayudas irregulares en su área de influencia, la Sierra Norte de Sevilla. Guerrero fue alcalde de El Pedroso entre 1995 y 1999.

La Junta también se arroga que ha sido la Administración andaluz la que ha llevado a los jueces este escándalo -cuyo embrión nace en una supuesta extorsión a empresarios que desembocó en el caso de Mercasevilla- y que mantiene una actitud proactiva para hallar a los culpables.

Sin embargo, Recio replicó ayer a la petición del PP de que denuncie a los supuestos responsables del fraude en los ERE que no tiene "indicios potentes" para ir por la vía penal contra Francisco Javier Guerrero, José Antonio Viera y Antonio Fernández.

No obstante, en la comisión de Empleo del Parlamento andaluz, el consejero aseguró que acudirá a la vía administrativa o penal contra las personas sobre las que haya indicios suficientes de haber cometido irregularidades en el uso del dinero público, y afirmó que se recuperará hasta el "último céntimo". La Junta irá "por la vía administrativa y por la vía penal contra todas aquellas personas en los que se demuestre que han cometido alguna ilegalidad y cuando tenga indicios suficientes", dijo Recio.

La diputada del PP Teresa Fernández Sillero le había instado para que actuase por la vía penal contra los que la Junta considera "golfos" y les pidiera responsabilidades patrimoniales y penales a Guerrero -ex director general de Trabajo y que destapó las irregularidades-, Antonio Fernández -imputado- y a José Antonio Viera -consejero en la etapa en la que ocurrieron las anomalías-.

La diputada popular acusó a la Junta de "tapar y esconder" la responsabilidad de todo el Consejo de Gobierno en el caso del fraude en los ERE, por el que personas que no habían trabajado nunca en algunas empresas se beneficiaron de prejubilaciones en virtud de una partida de 700 millones habilitada por el gobierno andaluz para ayudar a empresas en crisis durante diez años.

El consejero quiso dejar claro por su parte que la Junta será "completamente implacable frente a las personas que se han valido de la confianza de los ciudadanos para cometer algún tipo de irregularidades con dinero público" y defendió la "ejemplar" colaboración con la justicia de la Administración.