La calidad de las investigaciones del juez Miguel Ángel Torres en el caso Ballena Blanca contra el lavado de capitales de origen ilícito centró la vista oral del juicio que ayer se reanudó en la Audiencia de Málaga. La existencia de más de seiscientos archivadores con 200.000 folios arrancó ayer un auténtico aluvión de críticas de los abogados de los 19 acusados. La defensa de Fernando del Valle, que ejerce el letrado Horacio Oliva, exigió la nulidad de las investigaciones judiciales porque la revisión de esos 200.000 folios le han permitido comprobar que la Policía vació el bufete de Del Valle para investigar a un millar de clientes del despacho DVA, que no fueron acusados, con "desprecio de los derechos fundamentales" relativos a la intimidad personal, fiscal y laboral.

Esta circunstancia, de acuerdo con su versión, es elemental para demostrar que se efectuó "una investigación prospectiva" en el sentido de que no se partía de un indicio para confirmarlo o rechazarlo, sino que se investigaba todo para ver "si había algo".

Para Oliva, cualquier prueba obtenida a partir de una "fuente ilícita" es nula. Incluso sacó a colación la condena de esta misma Sección al comisario de la Udyco Valentín Bahut, fallo revocado por el Tribunal Supremo porque al anular las escuchas telefónicas consideró viciada cualquier otra prueba. "Caer dos veces en la misma piedra a lo mejor ya tiene connotaciones patológicas", avisó el letrado.

El abogado de Del Valle sospecha, además, que sobre los 200.000 folios "sin numerar" se ha roto la "cadena de la custodia"; es decir, que en algún momento han podido ser manipulados. Oliva criticó la situación del "amasijo de documentación" en el juzgado de Marbella "que con sólo dos cuartitos no puede manejar 200.000 folios", y exigió que estén en la sala de juicios, una vez ordenados y numerados los folios. "Porque, si no, ¿cómo voy a preguntar sobre ellos?".

La teoría del fruto prohibido (una prueba ilícita que anula todas las obtenidas a partir de ella) también fue esgrimida por las demás defensas, que instaron no ya a retrotraer la causa a la instrucción, "sino a decretar la nulidad" de toda la investigación, en palabras del letrado Pablo Lasso.

La defensa del notario Álvaro Eugenio Rodríguez, que ejerce el abogado José Carlos Aguilera, dijo al reivindicar que se devuelva el procedimiento al juzgado de instrucción, que el caso Ballena Blanca es el inicio de "una moda" "inspirada en el juez Torres" de realizar registros en los que se interviene toda la documentación vulnerando "el principio de seguridad jurídica, con desprecio al derecho de defensa".

El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero rebatió una acusaciones que cree que "repelen el sentido común". En su opinión realizar registros en despachos en los que el secretario judicial documente todos los papeles "se prolongaría durante días y semanas", por lo que se utiliza el sistema de bridas para precintar la documentación por bloques.

Desde su punto de vista no se ha vulnerado el derecho a la defensa desde el momento en que las intervenciones no se refieren a labores exclusivas de un abogado, sino a constituciones de sociedades y no se ha realizado una investigación prospectiva porque las pesquisas se iniciaron tras tener "evidencias", procedentes de la "inteligencia policial", de que el despacho se dedicaba a "actividades de ocultación de capitales".