Rafael Salgueiro

Profesor de la Universidad de Sevilla

El Presidente de la Junta de Andalucía propuso a comienzos de año la celebración de un amplio Pacto por Andalucía al que ha querido sumar a los partidos políticos más importantes, a los agentes económicos y sociales más representativos y a otros colectivos diversos.

Este pacto, no ultimado al cierre de la edición de este anuario, tuvo su origen en la propuesta de un nuevo acuerdo de concertación social emanada desde la CEA y apoyada por UGT y CCOO, que encontraría su motivo en la unificación de esfuerzos para favorecer la recuperación económica. La justificación de la ampliación de su alcance y extensión a otros actores políticos y económicos vino dada por la percepción de que la sociedad reclama grandes acuerdos político-sociales capaces de trascender de las diferencias de opinión y de posición individual para que los actores políticos pudiesen concentrarse en lo que la sociedad considera importante. Personalmente creo que lo que lo que se reclama es que haya menos "ruido" en la política y menos acción interesada movida por la defensa de intereses partidarios inmediatos, para lo cual no parece que haga falta un gran pacto. Por otra parte, hoy día en el ámbito nacional quizá el único campo para el consenso sería el ritmo y forma del ajuste del presupuesto público a la realidad de la capacidad fiscal del país.

Sin duda, los agentes económicos y sociales necesitan imperiosamente algún tipo de acuerdo de concertación para participar en su posterior ejecución y obtener el legítimo ingreso correspondiente. En Andalucía venimos concertando desde los años ochenta en nombre de la paz social, de la modernización de la estructura productiva y del progreso económico, pero la realidad nos demuestra que la conflictividad laboral no ha sido menor que en otras regiones, que no se han corregido las insuficiencias del aparato productivo y que no hemos reducido la distancia en renta per cápita con el promedio español. La Concertación Social ha sido, sobre todo, un instrumento de legitimación de un gobierno de izquierdas ante el empresariado y un medio de reconocimiento a los dos sindicatos más importantes, concediéndoles visibilidad y cierta influencia en el diseño y ejecución de políticas públicas.

Estos precedentes no auguran el éxito del pacto aunque se incorporen nuevos firmantes y se amplíen los propósitos perseguidos. Será probablemente ineficaz por su propio ámbito territorial y por las competencias limitadas del gobierno autonómico y de los restantes firmantes, ya que los más importantes de ellos forman parte de organizaciones suprarregionales que ni estarán obligadas por lo que aquí se firme ni permitirán contradicciones en su seno. La capacidad de acción de un gobierno regional se limita a decisiones de asignación presupuestaria, al grado de eficacia en la ejecución del gasto, a la producción de normas muchas veces innecesarias o redundantes con las estatales,  y a señalar algunas preferencias sectoriales en las políticas de promoción económica. No tiene capacidad un gobierno regional para promover normas y políticas que supongan una reforma profunda del statu quo institucional.

La ineficacia provendrá también de los propios ejes del acuerdo, siete de los cuales son lugares comunes sobre los que se han desplegado decenas de políticas y miles de millones de euros con escasa evaluación sobre los resultados. Y para más inri ni siquiera constituyen lo sustantivo del debate institucional y económico actual. Son estos ejes los siguientes, respetando la redacción original: 1) Empleo, para sustituir la especulación por una economía productiva y actuando sobre los factores de producción y los sectores productivos. 2) Inclusión social, para que en la salida de la crisis no se deje a nadie en el camino.  3) Juventud, pensando en la educación, empleabilidad e igualdad de oportunidades. 4) Mundo rural, ya que el mantenimiento de la población rural es imprescindible y con especial atención a la PAC. 5) Defensa y consolidación de la sanidad pública y universal, evitando que la sanidad se convierta en un sistema de seguros privados. 6)  Defensa de la educación pública y la igualdad de oportunidades, con espacial atención a la FP. 7)  Cultura, para convertirla en una industria que gane fronteras. Y 8)  Defensa del Estatuto y de la inclusión de Andalucía en un modelo territorial cooperativo y una Europa más democrática. Cierre del modelo de competencias y de financiación autonómica y conversión del Senado en cámara de r epresentación territorial.

Ante ellos se preguntará el ciudadano mejor intencionado: ¿Qué estaba haciendo hasta ahora el Gobierno, si los primeros siete puntos son consustanciales a sus competencias?; ¿para qué pactar lo que ya luce en el Estatuto de Autonomía versión 2.0?, ¿qué ha sucedido con el sinnúmero de planes, programas, normas y medidas que en esas áreas se han desplegado a lo largo de treinta años: es que estaban mal diseñadas, no dieron resultado, no figuran ya de una forma u otra en el programa de gobierno?

No creo, pues, que esta concertación ampliada nos permita abandonar la "casilla de salida" en el diferencial de renta ni que pueda contribuir a la transformación de la estructura económica, porque no viene a reemplazar sino a consolidar los principios de la política económica regional de los últimos treinta años, aún a pesar de que sus resultados sugieran que sería bueno modificarla cuanto antes.