El secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Gaspar Zarrías, aseguró ayer que la reforma de la administración local prevista por el Gobierno central provocará la pérdida de más de 200.000 empleos públicos y supondrá "un verdadero desmantelamiento" de los ayuntamientos.

El responsable socialista aseguró que los cambios que prevé el Gobierno "ni eliminan duplicidades, ni evitan solapamientos ni establece mecanismos de financiación" sino que afecta de lleno, afirmó, a los servicios que prestan los municipios.

Por eso apremió a los alcaldes del Partido Popular (PP) a que se "rebelen" contra la reforma: "Les pido que se planten, que pongan pie en pared para que los ayuntamientos no se desmantelen". A su juicio, la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, tal y como está planteada ahora, "es una tropelía".

"Es una ley regresiva, que privatiza los ayuntamientos y los servicios", manifestó, al tiempo que reiteró que el PSOE se niega a que los servicios "básicos" se quiten a los consistorios para llevarlos a las diputaciones y que éstas, a su vez, los privaticen. En este sentido, el dirigente socialista, que mantuvo una reunión con los portavoces socialistas de municipios malagueños mayores de 50.000 habitantes, manifestó que el Gobierno tendrá "radical y democráticamente enfrente" al PSOE.

En su opinión, la tramitación de la modificación ha generado "problemas internos" en el Gobierno central y en el PP, como lo demuestra el hecho de que el Consejo de Ministros haya retrasado de nuevo la aprobación del texto. "Se han metido en un lío tan grande y es tal la pelea que hay que no saben por dónde salir y por eso no se ha aprobado".

El responsable de Política Municipal del PSOE andaluz, Francisco Conejo, recalcó que el 80% de los ayuntamientos andaluces quedarían sin competencias si se aprueba la ley tal y como está planteada. "Es un paso atrás, se quedarán vacíos y no tendrán capacidad de mejorar". A su juicio, el interés de los populares es "hacer negocio, hacer caja y sacar a concurso los servicios públicos" que hoy prestan los ayuntamientos, lo cual supondrá un perjuicio para la ciudadanía.

En este punto, Conejo reclamó al presidente del PP de Andalucía y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que se pronuncie sobre la reforma local y no mantenga "un silencio cómplice sobre los planteamientos del Gobierno". Se preguntó, así, por qué no se ha posicionado aún el expresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y si está de acuerdo con estas modificaciones.

Conejo incidió en cómo se verán afectadas las empresas públicas puesto que "incluso se pone plazo para la disolución de aquellas que sean deficitarias". Algunas pierden dinero, apuntó, sin embargo, pero tienen "una rentabilidad social". Así, se refirió a la Empresa Malagueña de Transportes, que cuenta con algunas líneas a lugares de la ciudad más alejadas y que no son rentables económicamente pero sí socialmente.