Algunas de las presuntas irregularidades que podrían haber justificado la intervención policial y judicial en el municipio de Estepona eran conocidas por la Ejecutiva Provincial del PSOE. Así lo certificaron a este periódico fuentes de la dirección provincial de esta formación, que informaron de la celebración de varios encuentros durante el pasado mandato en los que dos de los concejales de este partido en el Consistorio presentaron ante la secretaria provincial, Marisa Bustinduy, y otros miembros de la Ejecutiva diversa documentación en la que se ponían de relieve las supuestas anomalías cometidas por el regidor.

Las fuentes consultadas explicaron que los dos ediles que pusieron en conocimiento de los responsables de la organización todo lo que estaba ocurriendo en el equipo de gobierno fueron David Valadez -expulsado por Barrientos del equipo de gobierno tras las denuncias del edil contra la política urbanística de la localidad-, entonces portavoz socialista, y Cristina Alarcón. Estos aportaron datos sobre la firma de convenios urbanísticos, personal, contratos de las empresas municipales y la presunta contratación irregular de obras, entre otros asuntos.

Dichas fuentes fueron claras: "La respuesta fue de mutismo" porque "lo que se dijo, más o menos, es que no cabía la posibilidad de levantar la liebre porque las expectativas eran muy buenas en Estepona. Esa ha sido la posición de la Ejecutiva durante estos cuatro años", sentenciaron. Todo ello en víspera de las municipales celebradas en mayo del pasado año.

Bustinduy ha evitado opinar sobre lo sucedido aunque en conversaciones privadas en relación a la labor de Barrientos, habría aludido a la inexistencia de pruebas que permitiesen actuar en su contra. La dirección provincial siempre defendió al regidor a pesar de los enfrentamientos de éste con la Junta.