La lectura que hace el PP andaluz del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el presunto uso fraudulento dado a los fondos de formación de la Junta es directa, sin rodeos: "Lo que ha hecho el Gobierno socialista es comprar votos con fondos públicos". Lo dice de otro modo yendo al grano: se normalizó un sistema "ilegal, irregular" para "pagar favores". Razones éstas por la que su partido pide "una explicación urgente" a la presidenta.

Dolores López Gabarro, número dos de los populares andaluces, concretamente venía a referirse a la docena de detenciones en las provincias de Málaga y granada y del informe policial en el que se habla de una "vinculación sistemática" de fondos públicos, vinculando al ex consejero de Hacienda (1987-1990) Ángel Ojeda con la trama, nombre propio que ha aparecido de manera frecuente en las investigaciones como unos de los grandes receptores de las ayudas destinadas, en teoría, a capacitar profesionalmente a los parados de la comunidad.

"Hace pensar que en el caso de los fondos de formación y en los demás lo que se ha hecho con el dinero de los andaluces es crear una red clientelar por parte del Gobierno de la Junta y del PSOE para conseguir apoyos electorales", sentenció López Gabarro, quien exigió a Díaz que tome "medidas inmediatas" por este asunto y que informe sobre "qué responsabilidades políticas" se van a acometer porque debe aclarar "quiénes son los responsables".

"Exigimos a Díaz que hoy mismo salga a dar explicaciones", añadió. Para cuando López Gabarro estaba lanzando esta petición la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz estaba en Canarias, junto al presidente autonómico Paulino Rivero.

Para la también alcaldesa de Valverde del Camino, el informe de la UDEF incide en "cómo repartía el dinero público el Gobierno andaluz a determinadas empresas" y que los investigadores "hablan incluso de caza-subvenciones".

El nombre de Ojeda vinculado a esta trama, cuyos expedientes sobre cursos de formación investiga la juez Alaya, "ya se conocía", opinó pero ahora "queda claro que está más que implicado".

Si bien la argumentación que hace la Junta es que "puntualmente" han fallado los controles, los populares andaluces van más allá y aseguran que no aceptan que se hable de controles, porque, a su juicio, "no había controles, ni tan siquiera la voluntad de controlar dónde iba el dinero público".

Desde el año 2007, se habrían liberado por parte de la Junta de Andalucía un monto superior a los 2.300 millones de euros. De ellos, fuentes del caso, aseguran que se han detectado irregularidades en expedientes que suman unos 40 millones de euros sólo circunscritos en la provincia de Almería y Málaga. De hecho, el origen de la llamada operación Edu son las supuestas irregularidades detectadas hace un año en 20 compañías malagueñas beneficiarias de cursos.

Luciano Alonso, responsable de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ha heredado el peliagudo encargo de "poner orden", como suele precisar, en la investigación de los cursos de formación desarrollados por empresas, ayuntamientos y sindicatos subvencionados por la administración andaluza.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno andaluz se le preguntó al consejero por la investigación que, en paralelo, mantiene abierta la Administración, pero éste no quiso precisar cuántos expedientes estaban en manos del juez, cuántos expedientes de reintegro ha iniciado su departamento, la cantidad que se reclama, entre otras cuestiones. Alonso se escudó en el secreto de sumario, si bien éste no pesa sobre los expedientes que investiga la juez Mercedes Alaya.

Los argumentos que enarboló ayer el PP andaluz para reclamar explicaciones a Díaz se centraban en el destino que ha dado el Gobierno andaluz de los últimos años "al dinero de los andaluces", un "juego sucio" "realmente duro y doloroso" en la comunidad con más tasa de paro de España.

La secretaria general del PP-A se preguntó cuánto dinero público más ha ido a parar "a los sumideros del PSOE" y criticó el Gobierno regional se "limite" a decir que están investigando pero no especifican "qué expedientes, ni en qué cuantía" y además "nunca dicen si vamos a poder recuperar el dinero". "Eso es romper las reglas democráticas del juego de la manera más sucia", esgrimió López, quien entiende que a la presidenta andaluza el desempleo y el dinero de los parados "ni le va ni le viene" porque solo está preocupada de "su ego personal".