Caso de los ERE

Nuevo parón en la sentencia de los ERE por la enfermedad del ponente

  • El presidente de la Audiencia aplaza la liberación parcial de las otras dos magistradas hasta que se recupere el juez que debe de redactar la sentencia

Los magistrados Pilar Llorente, Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez, que celebran el juicio por el "procedimiento específico" de los ERE. Los magistrados Pilar Llorente, Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez, que celebran el juicio por el "procedimiento específico" de los ERE.

Los magistrados Pilar Llorente, Juan Antonio Calle Peña y Encarnación Gómez, que celebran el juicio por el "procedimiento específico" de los ERE. / efe

Nuevo parón en la sentencia del  “procedimiento específico” de los ERE. El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, que este martes se ha reunido con los presidentes de las secciones penales, ha aplazado la decisión sobre la liberación parcial de las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez, que forman parte del tribunal que enjuició la "pieza política" de los ERE, hasta que el ponente de la sentencia, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, se recupere de la enfermedad por la que está de baja.

El magistrado Juan Antonio Calle Peña se dio de baja por enfermedad hace unos diez días y por el momento se desconoce si podrá recuperarse en cuestión de unos días o la baja se prolongará por espacio de algunas semanas más. Mientras el ponente siga de baja no puede reunirse para deliberar con las otras dos magistradas que componen el tribunal de los ERE, por lo que no tiene sentido que la liberación parcial de ambas se produzca ahora.

La enfermedad del ponente supone un nuevo contratiempo en la redacción de la sentencia de los ERE, que se produce después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordase en su reunión del pasado 26 de febrero liberar a Juan Antonio Calle Peña por un periodo de otros seis meses, es decir, que la sentencia no se conocería en principio hasta el mes de septiembre próximo. Sin embargo, tal y como apuntaron recientemente a este periódico fuentes del caso, la complejidad de las materias que deben ser analizadas, el elevado número de procesados y la falta de liberación de las otras dos magistradas, puede hacer que el fallo no se conozca hasta el mes de diciembre, un año después de que acabara el juicio.

De hecho, la Audiencia de Mallorca, que tardó un año en dictar la sentencia del caso Nóos, tiene unas normas de reparto que establecen que la deliberación y redacción de una sentencia puede prolongarse por el mismo tiempo que duró la vista oral, por lo que extrapolando estas normas al caso de la Audiencia de Sevilla, el tribunal podría disponer de un año completo para esta labor, según apuntaron las fuentes consultadas.

A la enfermedad del ponente se suma la falta de liberación de las otras dos magistradas para poder centrarse en la deliberación de esta complicada sentencia, en la que deben pronunciarse sobre los cargos que se atribuyen a los 21 ex altos cargos procesados en la “pieza política” de los ERE, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se enfrentan a penas de diez años de inhabilitación y a seis años de prisión, respectivamente.

Esa imposibilidad de dedicarse en exclusiva a estudiar el caso de los ERE, que quedó visto para sentencia el pasado 17 de diciembre de 2018, motivó por ejemplo que un mes después de que acabara la vista oral, los tres magistrados sólo se habían podido reunir personalmente en una ocasión para deliberar sobre algunos de los numerosos puntos que deben ser abordados antes de que Calle Peña se ponga a redactar el fallo.

La Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz decidió liberar de manera parcial a ambas magistradas para que estén exentas de recibir asuntos de nuevo ingreso –como por ejemplo la resolución de recursos de apelación– y de la asistencia a juicios. El TSJA dejó precisamente en manos del presidente de la Audiencia de Sevilla el plazo concreto y la duración de esta medida, para que las dos magistradas “puedan compatibilizar ágilmente su labor con la deliberación y redacción de la macrocausa de especial complejidad y antigüedad de la pieza política de los ERE”, precisaba el acuerdo de la Sala de Gobierno de febrero pasado.

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