Segunda legislatura de María Jesús Montero al frente de la Consejería de Salud. Sus primeras decisiones, relativas a notables cambios en la estructura directiva de la sanidad autonómica, dejan claro que ella manda. Es su momento.

-El nuevo Estatuto recoge explícitamente el derecho a la muerte digna. ¿Va a abrir usted el debate sobre la eutanasia?

-El derecho a la muerte digna tiene que ser una realidad en esta legislatura. No sólo por el Estatuto, es que los ciudadanos nos lo piden, es un asunto que está en la calle. El debate sobre la muerte digna hay que abrirlo, ya está abierto. Pero hay que reconocer el asunto en toda su variedad cromática, porque en ese ámbito hay muchos conceptos. Digamos que hay una parte del debate que es de carácter técnico. Así, es necesario asegurar la calidad de los cuidados paliativos, pensando especialmente en el domicilio como escenario de esas prestaciones, porque es el lugar donde, en general, las personas se sienten más cómodas y prefieren morir. Pero hay muchos matices entre el deseo de recibir o no una determinada asistencia técnica, expresada en un testamento vital, el adoptar medidas que conlleven el cese de la vida o la legalización de lo que comúnmente se entiende como eutanasia, la utilización activa de una sustancia letal, ese concepto en el que se tiende a englobar toda esta realidad con inexactitud. Por eso, no me gustaría que el debate se centrase en el binomio eutanasia sí, eutanasia no. Me parecería una barbaridad que, al final, la cuestión de la muerte digna se redujese a eso. El debate hay que abrirlo, pero no vamos a ir más allá de lo que hoy acepta la sociedad en una reflexión madura. Por resumir mucho un asunto tan complejo, podríamos decir que está claro que nadie va a cuestionar el hecho de que a Inmaculada Echevarría se le retirase el respirador, pero eso no tiene nada que ver con aplicar ninguna inyección letal; ahí no vamos a llegar.

-¿Empezará por un debate parlamentario que culmine en un decreto específico?

-Podría ser. Pero más allá del marco normativo, que sirve para dar seguridad jurídica a los profesionales y para que los ciudadanos conozcan su derechos, lo que hay que hacer es desgranar hasta dónde queremos llegar para que a una persona se le alivie el sufrimiento y qué significa en cada situación atender a un paciente terminal. Para mí es un reto importante, porque todavía hay personas que mueren en condiciones inadecuadas.

-En otro artículo del Estatuto también aparece el derecho a una asistencia geriátrica especializada. ¿Cómo se articula eso en un servicio de salud como el andaluz, que no tiene geriatras?

-Lo haremos como lo venimos haciendo: identificando las necesidades sanitarias de los mayores. Hay dos elementos claves: por un lado, todo lo relacionado con el envejecimiento activo, ayudar a los mayores a evitar los factores que les restan calidad de vida; por otro, la atención a esas enfermedades que antes eran agudas y en muchas ocasiones mortales y que ahora son crónicas y afectan a las personas durante muchos años. Sí es verdad que desde Andalucía siempre hemos entendido que la atención médica y de cuidados a los mayores no es sinónimo de la especialidad de geriatría: nos lo han enseñado los médicos de familia, los internistas y los demás profesionales que trabajan en nuestros centros. Esto no quita para que la geriatría sea una especialidad útil en entornos sociosanitarios, como residencias de ancianos. Sí es verdad que éste fue uno de los artículos del Estatuto más debatidos; no es casual que su redacción final sea la que es.

-¿Cree usted que la credibilidad de la sanidad pública queda erosionada cuando aparecen denuncias sobre el falseamiento de las listas de espera?

-Hay una voluntad política clara en elevar esas denuncias a los titulares de prensa para generar erosión en el sistema público. Pero los ciudadanos tienen un elemento de contraste muy elocuente: su propia realidad. Es innegable que hemos reducido notablemente los tiempos de espera. Y todas las encuestas de opinión dicen que la sanidad está entre los servicios mejor valorados por los ciudadanos. Esas denuncias me parecerían legítimas si se hiciesen para mejorar el sistema, pero es que se hacen para obtener rentabilidad política a costa de su erosión.

-El presidente Chaves terció en el debate del aborto en la campaña electoral. ¿Prepara usted alguna medida concreta? Hay expertos que proponen listas de médicos objetores...

-Lo único que dijo el presidente Chaves en ese momento es que la sanidad pública tiene que ser garante de los derechos de las mujeres, y no se refería fundamentalmente al ámbito andaluz. En la sanidad autonómica no hay ningún problema con esa cuestión. Se respeta la objeción de conciencia, legítima, y se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos previstos por la ley. En cuanto a las listas de objetores, que servirían para evitar perversiones, como el que alguien se negase a practicar abortos por la mañana en un centro público y los hiciese por la tarde en la sanidad privada, no las veo necesarias en nuestro caso. No me ha llegado ninguna noticia, ninguna denuncia de que eso pueda estar ocurriendo en Andalucía.

-¿Hay voluntad para que los profesionales de enfermería puedan prescribir medicamentos?

-Por supuesto. Estaré atenta a que esto quede claro en la redacción final de la Ley del Medicamento. La denominada prescripción enfermera es un concepto bandera, que detrás tiene una redistribución de competencias dentro de un mismo equipo. Me voy a tomar muy en serio este tema. No podemos perder la oportunidad de la reforma de los estudios de Bolonia, con la ampliación de la carrera de Enfermería. Hay que sentarse a hablar de esta redefinición de roles, sin acabar en un debate sobre el poder del médico o el enfermero. Ese debate quizá se dé en ciertas altas esferas de las profesiones pero es inexistente en la realidad diaria asistencial.