El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio dirigida a la Consejería de Economía y Conocimiento para investigar las posibles consecuencias "negativas" que se derivan de la nueva regulación de las pruebas de acceso a la universidad. La oficina que dirige Jesús Maeztu muestra su preocupación por las consecuencias "perjudiciales" de la nueva Selectividad y recuerda que su regulación ha sido motivo de polémica desde la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) por el "rechazo mayoritario que suscitaban las pruebas de reválida".

La eliminación de estos exámenes después de las elecciones y la pérdida de mayoría del PP ha obligado a establecer una nueva regulación de las pruebas de acceso a la universidad,ya que las normas que regulaban la Selectividad habían sido derogadas por la Lomce. Para Maeztu, el principal problema es que los alumnos que cursan este año el Bachillerato "ven cómo cambian repentinamente las reglas por las que se rige una prueba que resulta decisiva para sus aspiraciones personales y profesionales".