Andalucía

Maeztu demanda la regulación del salario social, "un derecho humano"

  • El Defensor del Pueblo pide en el Parlamento una reforma legal inmediata mientras se articula la renta básica

El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu -a la derecha-, ayer, con el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán. El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu -a la derecha-, ayer, con el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán.

El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu -a la derecha-, ayer, con el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán. / alfredo valenzuela / efe

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, pidió ayer en el Parlamento una nueva regulación del Ingreso Mínimo de Solidarid (IMS), más conocido como salario social, ya que considera que el sistema "está obsoleto", mientras se articula la renta básica prevista en el artículo 23.2 del Estatuto. Para Maeztu, que considera que el salario social es un "derecho humano", éste debería establecerse en toda España.

El Defensor del Pueblo presentó ayer al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, el informe especial 25 años del programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad en las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz, elaborado tras las 905 quejas y 1.949 consultas recibidas entre 1991, cuando se puso en marcha el primer decreto del Programa de Solidaridad -el también llamada salario social-, y 2016, es decir, en total 2.854 actuaciones. Los años que han acumulado mayor número de quejas han sido 2014, con 145, 2015, con 206, y 2016, con 170. También señala que en 2017 la institución lleva recibidas cuatro quejas y 74 consultas, por lo que el total ya se acerca a los 3.000 actuaciones.

La institución alerta de la excesiva lentitud del procedimiento administrativo

En la página web de la institución se ha creado un foro en el que hay 1.143 comentarios sobre el salario social y 75.018 visitas en los años 2015 y 2016. "Sólo en 2017 ya se han recibido más de 600 comentarios, debidos a los tradicionales retrasos en el pago de primeros de año", dijo Maeztu.

"La excesiva lentitud en el procedimiento administrativo y las desigualdades territoriales en la gestión, las dificultades presupuestarias o la temporalidad de seis meses de la ayuda" son algunas de las lacras que lastran al procedimiento administrativo, según se recoge en el informe. "Resulta, por tanto, evidente que la inmediatez de la intervención social ha quedado sepultada por el marasmo de la lentitud burocrática y por la imposibilidad de resolver los procedimientos en unos plazos aceptables", subrayó el Defensor del Pueblo.

Maeztu hizo hincapié en que "la necesidad de que el ser humano cuente con unos ingresos mínimos que le permitan satisfacer sus necesidades más primarias y básicas se considera como un derecho humano fundamental, por cuanto que en ello está comprometida la dignidad de las personas y su propia vida".

La crisis económica provocó desde 2008 un importante crecimiento de peticiones, añadiendo al perfil clásico de solicitantes,familias jóvenes con un historial de pérdidas acumuladas de empleos, mujeres solas con cargas familiares, jóvenes desempleados, familias normalizadas arrastradas por la vorágine del desempleo, la acumulación de deudas, la pérdida de la vivienda y la aparición de problemas mentales, alcoholismo o drogadicción.

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