El Defensor del Pueblo Andaluz (DPA), Jesús Maeztu, ha reclamado que se excluya a la atención primaria de los convenios y conciertos sanitarios privados y ha mostrado su preocupación por la orden de tarificación publicada por la Junta el pasado mes de febrero.

"Ahí se cuela la atención primaria y no se tiene por qué colar", ha advertido Maeztu, para quien dicha orden "introdujo un elemento discordante" en lo que suponía una actualización de los precios, por lo que "esta inclusión tenía necesariamente que despertar recelos".

Maeztu, que ha presentado en el Parlamento el Informe Anual de la institución correspondiente a 2022, ha resaltado que la atención primaria es "el orgullo de un sistema público gratuito y universal donde el médico atiende a la persona", por lo que ha pedido "no meterla en ningún otro sitio".

El Defensor ha lamentado que la mayoría de los derechos en materia de Salud recogidos en el Estatuto de Autonomía "estén regulados por simples normas reglamentarias y no desarrollados por ley en el Parlamento" y ha reclamado que se aborde esta materia.

Para ello propone que se convoque una mesa de diálogo con "actores importantes" como sindicatos médicos y responsables sanitarios y políticos, "los que tienen que estar para devolver el crédito y la confianza a la ciudadanía en sus sistema de salud, que se ha quebrado".

"Hagamos una regulación legal en base al Estatuto de Autonomía y que Andalucía tenga su ley y no estemos al pairo", ha dicho Maeztu, para quien esta es "una propuesta conciliadora, de equilibrio, sensatez y garantía de derechos".

Además de la sanidad, que dio lugar a 1.914 actuaciones de la Defensoría durante el año pasado, su titular se ha referido a la transición digital como otro problema "fundamental" en el que ha propugnado un "equilibrio entre sus riesgos y beneficios".

Ha advertido que algunos colectivos sin formación, sin equipamiento, con nivel educativo básico o de avanzada edad tienen un problema de "brecha digital" y "se quedan atrás", por lo que les ha denominado "los nuevos excluidos".

Ha reclamado en este sentido una regulación de la cita previa para acabar con los retrasos en la atención a la ciudadanía y la incomunicación, a la vez que ha pedido que exista "la alternativa de la atención presencial", especialmente en procedimientos como la solicitud de rentas de supervivencia.

Maeztu ha destacado también el trabajo del organismo que dirige para lograr la erradicación de los asentamientos en las poblaciones freseras de Huelva y en las hortícolas del poniente almeriense y ha criticado "la ausencia de una estrategia global y territorial" para abordarla, así como la disparidad de criterios de los responsables municipales para diseñar e implementar actuaciones.

El Defensor del Pueblo Andaluz realizó durante el año pasado un total de 25.907 actuaciones, con 12.471 quejas gestionadas (entre las que figuran 8.612 quejas nuevas y 59 de oficio) y 12.774 consultas, además de 662 actuaciones de promoción de derechos.

Ha señalado que por primera vez el informe se ha realizado de acuerdo con tres objetivos de los 17 de Desarrollo Sostenible que recoge la Agenda 2030, de forma que las actuaciones que tienen como centro a la persona ha supuesto un 51 % del total; seguidas por el planeta (21 %) y la prosperidad (21 %), y alianza y cultura de paz (7 %).

El mayor número de ellas está relacionado con el empleo público (2.381), los servicios sociales (2.119), información y atención al ciudadano (1.981), sanidad (1.914), vivienda (1.904), consumo (1.845), educación (1.735).