Uno de los peligros de la comisión parlamentaria de investigación sobre los ERE quedó expuesto ayer por uno de sus miembros, José Antonio Castro, de IU: no puede ser que el PSOE y el PP consuman buena parte del tiempo en discutir sobre la idoneidad de "si algo procede o es en su caso". "Ni esto se puede cerrar demasiado pronto ni dilatarlo, discutiendo si es gran o grande", comentó Castro, poco después de constituirse la comisión de investigación. ¿Cuánto tiempo deberían durar, según IU, los trabajos de la comisión? "No menos de 90 días". Es decir, unos tres meses, con independencia de si agosto se considera inhábil por motivo de las vacaciones. La comisión, que se constituyó por la mañana y que el martes próximo deberá contar ya con reglamento y un plan para solicitar documentos y comparecencias, se presenta como "un choque de trenes" o un "rifirrafe" permanente entre populares y socialistas, en palabras de IU, de ahí que la federación de izquierdas se haya erigido en "árbitro" de esta comisión que debe terminar con un conjunto de resoluciones y de propuestas que dilucide qué ocurrió en la Junta entre 2001 y 2010 para que personas que nunca trabajaron en empresas afectadas por ERE recibieran rentas de prejubilación -los famosos intrusos- o que otras compañías, algunas de ellas casi sin actividad y básicamente radicadas en la Sierra Norte de Sevilla, se llevaran ayudas cuantiosas. 

Con el voto de los socialistas, el parlamentario Ignacio García (IU) se convirtió en presidente de la comisión, consciente de que ese "choque de trenes" no obstaculice ni alargue las investigaciones. García, que es vicepresidente segundo del Parlamento, ha formado parte de cuatro comisiones de investigación, y ha sido presidente de dos de ellas. Una, en la Diputación de Cádiz, sobre un caso de enchufismo, y la otra en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en cuyas conclusiones se apreció una pérdida para el Ayuntamiento de 400 millones de pesetas a causa del plan parcial de Valdelagrana. No obstante, la elección de Ignacio García ha sido entendida por el PP como una prueba del  conchabeo entre socialistas e IU. "Han extendido su pacto de gobierno al Parlamento", mantuvo el popular Carlos Rojas, miembro de la comisión. Y es que el PP propuso para el puesto a Teresa Ruiz Sillero.  El PP mantiene que no se pueden poner límites a los trabajos de la comisión; que deben durar más de 90 días, y que uno de los documentos básicos es el de la Cámara de Cuentas, al que sólo le falta pasar por un período de alegaciones de 15 días para ser aprobado. No obstante, la Cámara de Cuentas aún no ha aprobado este proyecto de informe que aporta bastante luz sobre el caso en todo su conjunto.

Todas las comparecencias en las comisión serán públicas; no así las deliberaciones, debido al reglamento de la Cámara, y cada uno de los testigos podrá incurrir en un delito de desobediencia previsto en el artículo 502.1 del código Penal si no atiende a la llamada de la comisión. Ya hay un compareciente seguro: el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que ayer solicitó a su grupo su intervención en la Junta. Como informó este periódico el sábado pasado, el presidente ya había tomado esta decisión para defenderse de las acusaciones del PP y de las investigaciones que la Guardia Civil asegura haber abierto para saber si conocía los informes de la Intervención General sobre los reparos al sistema de concesión de estas ayudas cuando él era consejero de  Economía y Hacienda.

Miembros de la comisión de IU y del PP comparecieron después de esta primera reunión ante los periodistas; no así el PSOE. Ninguno de los tres miembros bajaron a la Sala de Prensa a hablar del contenido de este primer encuentro. Sí lo hizo su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, que al ser preguntado por este asunto -él no está en la comisión-, mantuvo que su grupo se organiza según sus propios criterios. Jiménez, que junto a la consejera de Presidencia, Susana Díaz, aseguró en días anteriores que no veían "motivos" para que el presidente compareciese, manifestó ayer que lo comprendía. "Es comprensible que una persona honrada como Pepe Griñán deba defenderse de las mentiras sucias del PP, de sus medios de comunicación y de estrategias judiciales", aseguró el portavoz socialista en referencia a la juez Mercedes Alaya, que ayer mismo volvía a entregar a las partes un auto con nuevas imputaciones. "Hoy, precisamente, hoy, hay un auto de la juez Alaya, cuando emitió un auto en el que mantenía que se suspendían todas las declaraciones y actuaciones hasta después del verano",  aseguró Jiménez. El portavoz fue muy duro con quienes ha apuntado a Griñán, y se refirió a este proceder como una "cacería" donde se habían utilizado diversas "balas".

Carlos Rojas, también portavoz del PP, aseguró que era "materialmente imposible" que ni Griñán ni Chaves no conociesen el caso. Al ser preguntado por si ya tenía sus propias conclusiones sacadas, Rojas se matizó para asegurar que esperaría ver con qué convicción intervenían. Y es que, además de Griñán, Mario Jiménez da por hecho que el ex presidente Chaves también comparecerá porque en una reciente visita a Sevilla aseguró que no tenían problemas. No obstante, el ex presidente aún no lo ha solicitado.