El Ministerio de Medio Ambiente publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio por el que ya es efectivo el deslinde del tramo de costa de 34.730 metros de Doñana y por el que ya se da luz verde a que comiencen las expropiaciones. Tal y como recoge el texto, el Ministerio ordena al Servicio de Costas en Huelva que inicie todas las actuaciones para "rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado", es decir, afectará a quienes tengan alguna propiedad en el brazo arenoso existente entre Matalascañas y Almonte.

De todas formas, los titulares de los terrenos que queden incluidos a partir de ahora en el dominio público marítimo-terrestre tienen un plazo de un año para solicitar la correspondiente concesión. Esto sólo es posible en los cuatro supuestos que marca la propia Ley de Costas (1988), entre ellos, que los titulares de espacios de la zona marítimo-terrestre hubieran sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en vigor de esta norma o en caso de practicarse un segundo deslinde, como es este de Doñana, en los terrenos que resulten comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación.

Otros plazos que marca el anuncio en el BOE son para la interposición de recursos. De un mes para los interesados que no sean administraciones públicas y quieran presentar un recurso de reposición, y de dos meses si quieren acudir a la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional. De este último margen de tiempo es del que disponen también las administraciones públicas. Y parece que la Junta lo está marcando en su calendario.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, volvió ayer a insistir en que no descartan ir a los tribunales si el Ministerio no atiende a sus alegaciones, entre ellas, la no inclusión de las dunas continentales, cuya protección consideró "irrelevante". Como viniera haciendo desde que se desatara este conflicto con el departamento que dirige Elena Espinosa, Griñán reiteró que el problema es "de formas" y que en ningún momento es de fondo, ya que las dos administraciones comparten el mismo objetivo: dotar de la máxima protección a Doñana.

Ante la posibilidad de que la Junta interponga un recurso, la asociación Ecologistas en Acción reaccionó pidiendo a Griñán que desista, ya que de lo contrario "demostrará muy poca sensibilidad". Aparte de esta apreciación, la organización conservacionista sugirió que se revisen también el estuario del Guadalquivir y los tramos no deslindados de la provincia onubense.