La patronal de la construcción de Sevilla (Gaesco) ha cifrado en un 30 por ciento la caída de ventas de vivienda en este año y ha pedido que la Junta de Andalucía ayude a paliar esta situación avalando financieramente a los compradores de viviendas protegidas, para cumplir el Pacto Andaluz por la Vivienda.

El presidente de Gaesco, Miguel Rus, ha apostillado en la presentación del Pulsímetro Inmobiliario que elabora el Instituto de Práctica Empresarial que la Junta debe de asumir "una actitud responsable" ante "una de las crisis más complejas que se han conocido".

Ha abogado por que avale a los compradores de una vivienda protegida, al igual que hace con el alquiler protegido, con la ventaja de que en el caso de las VPO, la Junta podría ejecutar las viviendas impagadas y destinarlas a cubrir la bolsa de demandantes.

Rus ha enfatizado que los constructores no piden financiación pública para ellos, sino para los compradores de vivienda, en especial la protegida, porque "el grifo de la financiación sigue cerrado".

"La Administración tiene la obligación de avalar y garantizar la financiación del Pacto Andaluz por la Vivienda", ha señalado Rus, quien al igual que el director de la cátedra inmobiliaria del Instituto de Práctica Empresarial, José Antonio Pérez, ha recordado que el preámbulo de ese pacto sostiene que ningún andaluz desembolsará más de un tercio de su sueldo para comprar su vivienda.

"Hagámoslo posible; la clave no es precio del suelo o de la vivienda, sino la cuota que debe de pagar el comprador", ha aseverado Pérez, quien ha advertido de la actual "insostenibilidad financiera" del mercado hipotecario, pues un salario medio de 1.270 euros mensuales no puede afrontar una hipoteca de una vivienda de 250.000 euros, cuya cuota es de 1.127 euros al mes.

El presidente de Gaesco ha enfatizado, en relación al Pacto Andaluz por la Vivienda, que esta organización empresarial "firma pactos para cumplirlos, no para que sean un brindis al sol" y ha opinado que la Junta está comprometida a garantizar la financiación de la vivienda protegida.

Rus ha abogado por que la oferta inmobiliaria se ajuste "no a las ocurrencias políticas o técnicas, sino a las posibilidades financieras del comprador".

En su opinión, "estamos en una crisis gravísima para las empresas y para las familias y hay que generar confianza, y la mejor manera es dando amparo por parte de la Administración a la vivienda protegida".

También ha demandado "más flexibilidad" de las administraciones para la tramitación de las viviendas y se ha quejado de que el sector de la construcción "se ha regulado muchísimo" en los últimos años "hasta lograr pararlo, cuando es el motor de la economía".

Ha recordado que se necesitan dos años para cumplir los trámites administrativos de una VPO o entre seis y nueve meses para supervisar un proyecto por un ayuntamiento y ha apostillado: "El sector sufre un exceso de regulación; se ha regulado tanto que es prácticamente imposible hacer una promoción".

Aunque ha admitido que la construcción ha vivido una gran expansión en los últimos años y ha calificado de "necesario" el actual ajuste, ha matizado que las ayudas a la financiación "también son necesarias".

"Ha habido una situación de desenfreno; de acuerdo, pero ahora hay que desregular y regular para una situación de crisis", ha enfatizado.

Según el estudio presentado hoy, la venta de viviendas caerá este año un 23 por ciento a nivel nacional y un 30 por ciento tanto en Andalucía como en Sevilla.

Los proyectos visados descenderán un 55 por ciento en España, un 53 por ciento en Andalucía y un 49 por ciento en Sevilla, mientras que el número de viviendas iniciadas descenderán un 37, un 45 y un 45 por ciento a nivel nacional, regional y provincial, respectivamente.

En cuanto al número de viviendas terminadas, el descenso previsto por Gaesco será del 34 por ciento en España y del 42 por cinto en Andalucía y en Sevilla.

José Antonio Pérez ha opinado que el precio de la vivienda no es objetivo, sino "una falacia", como demuestra que "se disparó" en años con tipos de interés muy bajos y largos plazos de amortización de los créditos hipotecarios.