La Fiscalía Anticorrupción avala que la juez Mercedes Alaya es competente para investigar el fraude de los cursos de formación, una cuestión que hace un año fue analizada por el Ministerio Público y acabó con un recurso ante la Audiencia de Sevilla por el que se retiró a la magistrada la parte del sumario que afectaba a las facturas falsas de UGT-A, que actualmente instruye el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla.

Según fuentes del Ministerio Público, no hay motivos en la causa para impugnar la competencia de la juez, puesto que Alaya investigaba ya los cursos de formación que habría recibido el conseguidor de los ERE, el sindicalista Juan Lanzas, y estos hechos podrían guardar relación con la denuncia de Teodoro Montes. En cualquier caso, estas fuentes precisan que no hay duda de que Alaya es la juez predeterminada por la ley, en su ámbito territorial, para investigar estos hechos, y que la cuestión se trata de una potestad del gobierno de los jueces que afecta a las normas de reparto establecidas, algo que se han respetado en este caso.

De otro lado, la secretaria del juzgado de Alaya ha dictado una diligencia de "constancia" en la que admite que se ha producido un "error" en cuanto al origen de las diligencias abiertas por la formación. El error consistiría en que se había hecho constar que la denuncia de Teodoro Montes procede de la causa de los ERE (diligencias previas 174/11) cuando en realidad habrían sido desglosadas de las diligencias 6344/13 -las que se referían al sindicato UGT y que fueron remitidas al juzgado número 9-. La secretaria hace constar que, en cualquier caso, la investigación a las empresas de Juan Lanzas (diligencias 975/14) porceden de las 6344/13 y ésta a su vez de la 174, de los ERE.