La consejera de Educación, Teresa Jiménez, confía en que el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia en Educación para la Ciudadanía sirva para establecer un marco de actuación "claro y común" sobre esta polémica asignatura para todas las comunidades autónomas.

Está previsto que el Supremo se pronuncie el próximo 26 de enero, cuando fallará los recursos presentados a las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Asturias.

Mientras el Alto Tribunal andaluz ha reconocido en distintas sentencias el derecho de los padres a objetar a Educación para la Ciudadanía, por lo que sus hijos no debe cursar la materia ni ser evaluado; el de Asturias se ha pronunciado en sentido contrario y ha rechazado que exista tal derecho de objeción en este caso.

La consejera andaluza considera que el pronunciamiento del Supremo debe traducirse en una unificación de doctrina que permita "un marco de actuación claro y común a todas las comunidades que clarifique cuál ha de ser la respuesta" de ésta.

Teresa Jiménez, además, mantiene que su departamento actuó correctamente al publicar en el BOJA de la identidad de los menores objetores a Ciudadanía, aunque asegura que no volverá a repetirse una situación similar.

La consejera considera que en el caso de los niños cuyos nombres aparecieron publicados, y que los padres afectados llevaron hasta la Fiscalía, se trató de una relación de expedientes que, en cumplimiento de la ley de procedimiento administrativo, intentaron notificar "hasta dos veces" sin conseguirlo. "Lo que pretendimos fue garantizar el derecho de esos padres y madres, y por tanto de los menores, a participar en un procedimiento administrativo que ellos mismos habían iniciado", señala la responsable andaluza de Educación.

La consejera mantiene que no fue voluntad de su departamento "lesionar derechos de nadie" e indica que ya han acatado las recomendaciones del Defensor del Pueblo Andaluz -que también intervino en este asunto- y dado instrucciones correspondientes para que no vuelvan a publicarse nombres de menores en el BOJA. La Fiscalía de Sevilla admitió que la Consejería de Educación vulneró la intimidad de los niños al publicar sus nombres, aunque archivó el caso por los efectos negativos que tendría en los menores afectados su continuidad.