Tras dos estatutos de autonomía y 27 años, aún restan diez días para saber qué y cuánto es la deuda histórica. Un instrumento de nivelación para Andalucía y de confrontación para PSOE, PP e IU, que tendrá que resolverse de aquí al 20 de septiembre y para el que todavía quedan por superar dos obstáculos. El de siempre: la voluntad real de consensuar la cifra, y uno nuevo y más perjudicial: la crisis, de la que el presidente andaluz, Manuel Chaves, no ha tenido más remedio que reconocer que llega en el peor momento y para entorpecer el acuerdo final con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

A pesar de las lagunas, en los últimos días algunos aspectos se han ido despejando por el Ejecutivo autonómico. Como el sistema para su cálculo, sustentado en el modelo acordado en 1996 para corregir el déficit que arrastraba Andalucía en vivienda, sanidad y educación, y su tope mínimo, 1.148 millones de euros más para las arcas andaluzas de aquí a 2010. Aunque hoy mismo, está previsto que en comparecencia parlamentaria, el vicepresidente económico del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, dé una aproximación más certera.

origen

El concepto de deuda histórica (Disposición Adicional Segunda) se recoge por primera vez en el Estatuto de 1981. Andalucía, como Extremadura, consideró que estaba en clara desventaja en inversiones públicas con respecto a otros territorios para garantizar unos servicios mínimos una vez transferidas algunas competencias del Estado. El término para esta reivindicación lo difundió Luis Carlos Rejón, presidente de IU en Andalucía entre 1988 y 1993 y coordinador general hasta 1996. Rejón recuerda que, leyendo un diario de sesiones de la primera legislatura, el diputado de Alianza Popular José Ramón del Río y García de Sola hablaba de la deuda histórica que España tenía con Andalucía.

El ex dirigente de la coalición de izquierdas percibió el poder mediático del término y lo hizo suyo, tanto que aún se recuerda en el Parlamento la llamada época de la pinza entre IU y el PP de Javier Arenas, entre 1994 y 1996. IU tomó como enseña la deuda histórica y obligó a un Manuel Chaves que gobernaba en minoría a reivindicar este concepto ante el Gobierno de Felipe González. El entonces ministro de Economía Pedro Solbes, acordó enviar a Andalucía 306 millones de euros (51.000 millones de las antiguas pesetas), una cifra que, se especula, pactaron Chaves y Rejón en el Palacio de San Telmo. En Madrid, la IU de Anguita y el PP de Aznar votaron en contra de los presupuestos de González y la deuda histórica entró en barrena mientras el ex presidente del Gobierno decidió convocar elecciones generales. Chaves lo imita. En fechas próximas a las elecciones generales y autonómicas, el presidente andaluz acuerda con González que se envíe un anticipo de 120 millones de euros (20.000 millones de pesetas). Pero José María Aznar gana y desde Andalucía se le reclama el cobro.

cuantificación

Aznar pagó y el resto de la cuantía se acordó negociarlo en las comisiones mixtas respectivas, pero nunca fructificó tal negociación. El presidente andaluz se tornó más combativo e introdujo en cada presupuesto de la Junta, hasta que gana Zapatero, 120 millones de euros de ingresos en las cuentas autonómicas que nunca recibió. Chaves recurrió los presupuestos de 1998 ante el Tribunal Constitucional, desestimada, y llegó a reclamar hasta 16.000 millones de euros a Aznar.

Esa cifra de 120 millones de euros se torna clave, porque en la cuantificación que años más tarde aprobaría el Parlamento se recoge este anticipo como referencia. José Caballos, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de 1994 a 2004, explica que los socialistas multiplicaron esta cifra por los años en los que los andaluces soportaron estas carencias en materias básicas, desde los primeros años de los 80. El saldo les sale una estimación de unos 1.148 millones de euros. La resolución fue aprobada con el voto afirmativo de IU y PA y en contra del PP. Esta cifra es la que maneja ahora Chaves como punto de partida en la negociación.

oposición

Desde congratularse del varapalo judicial del TC a Chaves durante la etapa de Aznar, al tope exigido de 4.500 millones por el propio presidente del PP-A, Javier Arenas, hay mucha distancia. Tanta, que al final los populares se han instalado 3.500 millones y, como siempre, mirando en el espejo catalán. No obstante, Arenas tendrá poco margen de oposición a la cifra que le ponga sobre la mesa Chaves. En febrero de 2007, el PP presentó una proposición no de ley en el Parlamento sobre la deuda histórica en la que rezaba que "como mínimo" debía partir de 1.148 millones de 1996, a los que sumaban 120 millones anuales desde 1997 a 2007, más los intereses devengados por el tiempo transcurrido.

Si la autoría del concepto de deuda histórica es de IU, también es esta formación la única que ha mantenido cierta coherencia en la cifra defendida. Desde hace años reivindica la misma cantidad y con una cuenta muy fácil: 300 millones por 25 años, igual a 7.500 millones. Una cifra tan alta que ahora IU se repliega y admite flexibilidad en la negociación en aras del consenso parlamentario.

El PSOE poco podrá variar en el margen que le deje el Gobierno amigo en Madrid, que se comprometió a que si llegaba a la Moncloa "al día siguiente" liquidaría la deuda. A finales de 2004, decía que la deuda estaba saldada, y tuvo que rectificar. Chaves logró en marzo de este año un anticipo de 300 millones. La horquilla para la cifra final ya está muy definida: del mínimo de 1.148 millones al entorno de los 1.500 millones que se deslizaron en campaña electoral.