Ante la falta de respuesta de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz ha solicitado a la Administración andaluza que aclare si va a reanudar la actividad de los once centros formativos ante el inminente comienzo del curso el próximo septiembre, "y una vez que no se impartió acción formativa alguna en el curso anterior".

La situación de estos consorcios escuelas en los que se han formado miles de alumnos desde 1991 es en algunos casos dramática como resultado del cambio de modelo iniciado hace poco más de un año. La denominada ley de reforma local obligó a las entidades locales a abandonar su participación en estas escuelas y la Junta se hizo cargo en solitario, sin que hasta el momento haya puesto solución a las deudas que las administraciones tienen con los trabajadores y sin que aclare si habrá oferta formativa el próximo curso.

En una actuación de oficio conocida ahora y que el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, prometió a finales de julio a los afectados tras una reunión, la institución reclama a la Junta conocer la situación actual de estos once consorcios extinguidos y asumidos en solitario por la Junta y la incorporación del personal, así como le traslada la situación económica y familiar en la que se encuentran los trabajadores por las demoras y retrasos en el abono de sus salarios (algunos con más de 12 y 16 nóminas sin abonar).

Estos impagos "están afectando seriamente a la estabilidad familiar de muchos de ellos ante la carencia de recursos económicos para atender las necesidades vitales y servicios públicos básicos (luz, agua, alimentos, hipotecas, etc...)", añade el texto que la institución ha remitido a la Consejería de Educación y a la de Empleo, ya que tras la reestructuración del Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz se ha producido un trasvase de estas competencias entre ambos departamentos.

La argumentada petición del Defensor, de siete folios, relata que la red iniciada en los 90 por la Junta para impartir una formación profesional de excelencia y con la intención de conseguir un elevado nivel de inserción en el mercado laboral llegó a tener 14 centros en colaboración con las entidades locales (por ello adoptaron la forma jurídica de consorcios) y gracias a la financiación de fondos europeos. Hasta 2012 el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sufragó mediante subvenciones anuales estos consorcios. La ley de reforma local aprobada a finales de 2013 introdujo la prohibición de que participasen las entidades locales si estaban sujetas a planes de ajuste y, en cuanto a las existentes, estableció que si se encontraban en una situación deficitaria, se extinguiesen antes del 1 de enero de 2015.

Como consecuencia de este proceso, y encontrándose según el Defensor "con una escasa previsión por parte de las administraciones públicas", la información recopilada es que tres desaparecieron (la de técnicas industriales, en San Fernando; la de formación ambiental, en Almonte, y la de tecnologías de la información, en Málaga). Los restantes consorcios procedieron a su disolución utilizando la vía de "cesión global de activos y pasivos" e integrándose en la Agencia Pública de Educación y Formación, que sustituyó al antiguo Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.

Según esta información, las auditorías encargadas por la Intervención General revelaron que a 1 de julio la situación era favorable en el consorcio de artesanos de Gelves, el consorcio de joyería de Córdoba y el consorcio de madera de Encinas Reales, también en Córdoba.

Pendientes de pasar la auditoría se encuentran el consorcio de hostelería de Islantilla, en Huelva; el centro de formación en artesanía, restauración y rehabilitación de patrimonio histórico Albayzin de Granada; el consorcio escuela del mármol de Fines, en Almería y el consorcio escuela de hostelería de Cádiz.

Aún se está pendiente de seleccionar entidad auditora para el consorcio escuela de hostelería La Cónsula, de Málaga; el consorcio escuela de hostelería La Fonda, de Benalmádena; el consorcio escuela de hostelería La Laguna de Baeza y el consorcio centro andaluz de formación integral de las industrias del ocio (CIO) de Mijas.

Los trabajadores llevan meses denunciando que la Junta ha incumplido su hoja de ruta para la integración de estas entidades, denunciando que en el curso 2014-2015 no se desarrollaron las clases con normalidad por la falta de financiación.

Fruto de ello a finales de julio Maeztu se reunió con representantes de varios consorcios de formación para el Empleo en Andalucía y anunció que abriría esta queja de oficio.

La pasada semana los trabajadores arrancaron un acuerdo político a los representantes de las cinco formaciones presentes en el Parlamento andaluz (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU) para instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que pague los salarios atrasados con carácter inmediato, así como a la redacción de las normas legales necesarias para el buen funcionamiento de los once consorcios de Andalucía y al mantenimiento de todos ellos.