El abogado Carlos Leal Bonmati, que está declarando como imputado ante la juez Alaya, ha asegurado a los periodistas que por sus cuenta “no ha pasado dinero público, ni un euro” y ha precisado que va a responder a todas las preguntas que se le formulen porque “no tiene nada que ocultar”. En su declaración, el letrado, que está imputado por siete delitos, ha asegurado que no tenía conocimiento de la inclusión de intrusos en las pólizas financiadas por la Junta y ha llegado a afirmar que se fue “cabreando exponencialmente” cuando fue destapándose el pago de ayudas a personas que no habían trabajado nunca para las empresas en las que se habían prejubilado, según informaron fuentes del caso.

El abogado ha indicado que su trabajo consistía en el asesoramiento en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo que eran financiados por la Junta.

Frente a sus argumentos de defensa, la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el cobro de sobrecomisiones en las pólizas de las prejubilaciones financiadas con fondos públicos, le ha imputado hasta siete delitos y ha situado su participación “en la trama” desde 1999, fecha en la que según la instructora se inician las irregularidades en el pago de ayudas.

La instructora ha imputado, en concreto, al abogado Carlos Leal Bonmati, los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita y malversación impropia.La juez ha leído durante casi una hora la imputación al letrado, al que ha detallado los hechos que se le atribuyen expediente por expediente –entre los que ha citado empresas como Hijos de Andrés Molina, Aglomerados Morell, Río Grande o la Faja Pirítica de Huelva-, y al relatarle su participación en una de las ayudas, la juez le ha dicho que estos datos “evidencia su rol delictivo dentro de la trama”.

En el atestado remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la juez Alaya sobre la intervención de Estudios Jurídicos Villasís, los agentes constaban que este bufete participó en numerosos expedientes financiados por la Junta, pero en algunos casos no se pudo determinar el “papel concreto o la actividad que habría desarrollado en los mismos”, al tiempo que señalaba que podía existir una “sobredimensión de los honorarios recibidos” por el despacho en función de la “actividad real que parce desarrollar” en la tramitación de los expedientes.

La Guardia Civil concluía igualmente que Estudios Jurídicos Villasís parece actuar como una “caja pagadora”, siguiendo las indicaciones de responsables de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para “aquellos compromisos que esta administración adquiere con terceras personas” y precisaba que esos pagos se realizarían como “favor por los beneficios obtenidos en su participación en la tramitación de subvenciones libradas por la Junta”.

Los investigadores concluían igualmente que el despacho estaría “facilitando que el dinero cuyo origen se encuentra en el erario público andaluz acabe desviándose ilegalmente a terceras personas que habrían facilitado, de un modo u otro, la culminación del proceso”. Para conseguir el supuesto desvío de fondos, continúa el atestado, Estudios Jurídicos Villasís utilizaría sus cuentas bancarias, incluida una titulada por los tres socios del despacho, realizando trasvases de capital entre ella, “sin aparente lógica financiera, y numerosas disposiciones en efectivo, fraccionando los importes en cantidades pequeñas, con el único fin de ocultar el verdadero origen del dinero y alejar a los auténticos beneficiarios de posibles responsabilidades por el desvío de los fondo públicos que se estaría produciendo”. Estas operaciones bancarias son habituales en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, uno de los delitos que le ha imputado la juez Alaya a Carlos Leal Bonmati.