Izquierda Unida, socio del PSOE en el Gobierno andaluz, considera que la mera imputación de una persona no es motivo para dejar un cargo público: sí lo sería si, finalmente, fuese inculpado; es decir, procesado tras su declaración. Esta tesis es la que ayer defendieron el vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, y el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, sobre el viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano. Éste, que es uno de los hombres de confianza de José Antonio Griñán, ha sido imputado por la juez Alaya en el caso de los ERE con motivo de su cargo entre 2002 y 2009: director general de Presupuesto.

Lozano ha sido uno de las últimas 20 personas imputadas por la juez, todos ellos ex altos cargos de las consejerías de Innovación, Economía y Empleo. Antonio Lozano ha sido viceconsejero de Presidencia desde la llegada de José Antonio Griñán. Ayer, comunicó que, de modo voluntario, dejará de ejercer de secretario de actas en las reuniones del Consejo de Gobierno. En declaraciones a este medio, Diego Valderas elogió esta decisión. Por su parte, Antonio Maíllo argumentó que sería "ridículo" solicitar la dimisión de una persona si, tras declarar, resulta sin cargos.

El último auto de la juez Alaya ha provocado un auténtico temblor en el Gobierno andaluz y en el PSOE, puesto que revela las intenciones de la instructora de seguir la misma vía por el presidente andaluz, José Antonio Griñán; la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, o por el de Economía, Antonio Ávila. Si no lo ha hecho es porque son aforados debido a su condición de parlamentarios electos. Aunque si tuviera la intención de llegar a este paso, la juez, según varios juristas consultados, ya debería haberse inhibido en favor de otros tribunales.

Y es que las razones por las que imputa a Lozano o a la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez son aplicables a los miembros citados del Gobierno. El auto de la juez pone en duda la legalidad de las subvenciones que se entregaban a los prejubilados de los ERE: se pagaban mediante una transferencia de financiación desde la Consejería de Empleo a la agencia IDEA (o, antes, IFA). Como Alaya considera que esto se hacía para burlar los controles de la intervención, imputa a todos aquellos que han ejecutado esta partida del Presupuesto de algún u otro modo. Por ello, la tesis general de defensa del Gobierno andaluz es que el auto es endeble y no adjudica ningún tipo de posible delito penal.

En declaraciones desde Córdoba, José Antonio Griñán defendió este mismo argumento: el auto de la juez "no contiene reproche legal alguno" por lo que es "manifiestamente recurrible". Varios imputados, entre ellos Antonio Lozano, recurrirán el auto de imputación en el momento en que lo reciban.

Hasta ahora, la juez sólo ha dado cita a una persona, al ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, el día 25 de julio.