La que fuera interventora adjunta a la Intervención General de la Junta en el área de control financiero entre 2005 y 2010, María Teresa Arrieta Viñals, reconoció en su declaración como testigo ante la Guardia Civil que hubo un "menoscabo" para los fondos públicos por la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas.

En su comparecencia, que tuvo lugar en julio de 2012, la interventora fue pregunta sobre si había existido un menoscabo grave para los fondos públicos, a lo que Arrieta señaló que "no por la totalidad de las subvenciones concedidas pero sí por las concedidas con algún tipo de irregularidad. Con la información que se tiene en la actualidad, se pone de manifiesto un uso irregular de los fondos públicos y el consecuente menoscabo".

La interventora adjunta explicó sobre las transferencias de financiación que "les preocupaba [a la Intervención General] que era una forma de evadir el control de la subvención, tanto la fiscalización previa como el Control Financiero Permanente posterior en el IFA/IDEA" y ello tuvo como consecuencias que se pagaran subvenciones sin procedimiento, la existencia de un déficit presupuestario y la elusión del control de la Intervención.

La testigo añadió que como las deficiencias residían en la Consejería de Empleo decidieron hacer un "informe adicional" para que los titulares de las consejerías de Empleo, Hacienda, Innovación y en IDEA tuvieran conocimiento de las mismas. Ese informe evidenciaba que las subvenciones dadas eran "nulas de pleno derecho y adolecían de procedimiento".

La interventora añadió que el único que podía hacer cumplir las recomendaciones de la Intervención era el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, que podía elevar un informe de control financiero al Consejo de Gobierno "si lo consideraba necesario", aunque este artículo puede considerarse derogado.