La Audiencia de Sevilla ha revocado el bloqueo de una veintena de cuentas bancarias y productos financieros del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, y de su cuñado Ismael Sierra, presunto testaferro del anterior, por "falta de motivación" del auto de la juez Mercedes Alaya, según han confirmado fuentes del caso.

El auto de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla declara "nulo en su integridad" el bloqueo de cuentas y productos bancarios y financieros, por falta de motivación de la resolución y por la "indeterminación" en cuanto a estos productos bancarios y sus titulares, ya que de algunas de las cuentas intervenidas eran titulares los padres de Juan Lanzas. De la veintena de cuentas intervenidas, una docena estaban vinculadas al ex sindicalista Juan Lanzas, y unas siete a la empresa Maginae Solutions, de Ismael Sierrra, y que la instructora considera que eran utilizadas para canalizar el dinero procedente de las comisiones cobradas por el conseguidor.

En este sentido, el tribunal señala que no se especifica en el auto de Alaya a qué titulares afecta dicho bloqueo de las cuentas, por lo que los jueces concluyen que hay un defecto de motivación que vulnera los derechos de los recurrentes, Juan Lanzas y su cuñado Ismael Sierra. Por todo ello, la Audiencia declara nulo en su integridad y deja sin efecto el bloqueo de las cuentas y productos bancarios de ambos imputados.

El abogado Pablo Luna, que defiende a Juan Lanzas, que está en prisión provisional desde marzo pasado, ha anunciado que va a solicitar una rebaja de la fianza de 450.000 euros que la Audiencia le fijó para poder abandonar la cárcel.

La juez Alaya envió a prisión al conseguidor y ex sindicalista Juan Lanzas Fernández, después de atribuirle la inclusión de hasta 24 intrusos en las primas y estimar que ganó más de 13 millones de las sobrecomisiones a través del entramado societario de empresas pantalla que, según la instructora, Lanzas creó para ocultar estos ingresos. En el auto de prisión, la juez recuerda que Lanzas, que estuvo en el sindicato UGT desde 1979 a 2002, tenía una "importante relación de amistad" con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, que recibió "ilícitas gratificaciones" por seleccionar a la mediadora Vitalia sin licitación alguna y con un coste tan elevado para la Administración pública.Según la instructora, el conseguidor amplió su "área de influencia a otros cargos de la Consejería de Empleo", entre los que la magistrada cita al que fuera delegado de Empleo Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE y a quien habitualmente correspondía autorizar los expedientes.

Mercedes Alaya cree que Lanzas, que está imputado por siete delitos, entre ellos tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita, ofrecía "el paquete completo", compuesto por Vitalia y por el despacho de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasís, que se encargaría de la tramitación del expediente  y en el que además trabajó desde febrero de 2003.