LA reciente imputación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) ha supuesto un salto cualitativo en la gravedad de este asunto, y ha producido dos efectos. De un lado, el caso de los ERE ha saltado con fuerza la barrera de Despeñaperros, y se ha colocado como una herramienta de desgaste en el Congreso contra un Gobierno debilitado, noticia de salida en los Telediarios de la Primera y tema de todo tipo de tertulias. En la orgía mediática es cada día más difícil hacer esfuerzos para separar la verdad de las medias verdades, y éstas, de las mentiras. Pero a la vez, la Junta y el PSOE, tras varias semanas en las que afloraron las diferencias sobre cómo abordar este escándalo, han pasado a aplicar la doctrina del caiga quien caiga. Con ciertos matices, como se verá.

El pasado lunes, se reunieron en la sede socialista de Ferraz, en Madrid, una delegación andaluza con otra de la Ejecutiva federal. Allí quedó confirmada esta estrategia. La juez del caso, Mercedes Alaya, aceptó la personación de la Junta como acusación. "Eso significa que vamos a ejercerla, no que vayamos a actuar de defensa de nadie", explicó el miércoles la consejera de Presidencia, Mar Moreno. En la aceptación de esta personación ha influido el hecho de que la Consejería de Empleo haya realizado una investigación interna, y que esté enviando los resultados a la instructora del caso. Ese lunes, en Ferraz, se sentaron, de un lado, Mar Moreno; el consejero de Empleo, Manuel Recio; la secretaria de Organización, Susana Díaz, y el portavoz parlamentario, Mario Jiménez. Por la parte de la Ejecutiva federal, estuvieron Gaspar  Zarrías, Octavio Granados, y en momentos, el secretario de Organización, Marcelino Iglesias. Ambas partes han definido la reunión de "puesta en común" y de apoyo a la estrategia que mantiene la Junta.

La investigación judicial, que se aventura larga, aún puede dar algunas sorpresas muy desagradables para el PSOE. El PP andaluz está convencido de que altos cargos políticos organizaron esta trama desde la Consejería de Empleo y que el presidente, José Antonio Griñán, tuvo el deber de actuar ante los reparos que la Intervención General planteó a este sistema de ayudas a las prejubilaciones. Los socialistas, por su parte, sitúan el caso como una conspiración de corruptos más definida, que afectaría a sólo algún cargo de Empleo, a intermediarios y a alguna de las aseguradoras que suscribía las pólizas con las que se pagaban las prejubilaciones. La siguiente es la historia conocida hasta ahora del caso ERE a través de sus personajes claves.

Varias semanas antes de que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, consiguiera la secretaría general del PSOE andaluz en el  congreso extraordinario de marzo de 2010, y ya tuviera en mente los cambios de su nuevo Gobierno, comentó con varios socialistas que iba a acabar con lo que ocurría en la Consejería de Empleo. Aún no se conocía el caso de los ERE falsos, él tampoco, pero sí parte del de Mercasevilla. Con algunas de estas personas, el presidente utilizó términos duros. Por ello, Griñán solicitó al consejero de Empleo, Antonio Fernández, que cambiase a su equipo y, en especial, que sustituyese a Antonio Rivas, el delegado en Sevilla de esta Consejería. No fue así, y a Fernández le costó el puesto. Rivas, ya por entonces, estaba imputado en el caso Mercasevilla, y así arranca todo...

Fernando Mellet

Estamos en febrero de 2009. Mercasevilla es una empresa semipública que gestiona el mercado central de Sevilla. Fernando Mellet es su director, y en compañía de su adjunto, Antonio Ponce, le proponen un negocio a los dueños del restaurante La Raza. El local, muy conocido en la ciudad, está situado en una esquina del parque de María Luisa, y la propuesta es la siguiente. La fundación Mercasevilla le otorga a La Raza una escuela de hostelería que se subvencionaría con 900.000 euros procedentes de la Consejería de Empleo. A cambio, Mellet les pide la mitad: 450.000 euros de mordida, porque así se hacen las cosas en la Junta. Eso dicen ellos. Los empresarios, sorprendidos, se lo cuentan a Juan Gallo, uno de los hombres de más confianza de Manuel Chaves; graban a Mellet, y el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, llevan el DVD humeante a la Fiscalía de Sevilla. Posteriormente, en una de las declaraciones ante la Policía Judicial, Mellet aseguraría que el delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, estaba al tanto de la operación.

Antonio Rivas

Rivas no es sólo el delegado de Empleo. Era, hasta su reciente destitución, el secretario del mismo ramo en la Ejecutiva provincial del PSOE de Sevilla. No es un delegado más en una provincia donde, a diferencia de las otras andaluzas, los representantes de las consejerías son unos desconocidos. Había sido alcalde de Camas, y en el año 2000 pegó el salto a la política andaluza con quien ha sido uno de sus valedores: José Antonio Viera. Fue Viera, quien al ser nombrado consejero de Trabajo en el año 2000, tira de él, y se lo lleva a la Junta de Andalucía.

El PSOE sevillano ha atravesado por varias crisis notables. La principal fue la de 2004, cuando José Caballos, un histórico del PSOE, portavoz parlamentario y uno de los tres apoyos en los que se personalizaba el poder de Chaves en Andalucía, decide echarle un pulso al presidente andaluz. Caballos no logra ser secretario provincial; gana Viera, que no era ningún crack pero fue el único que se atrevió a plantar cara al histórico Caballos, aunque, eso sí, con el apoyo de toda la maquinaria del PSOE y de la Junta de Manuel Chaves. Después, en 2008, Viera vuelve a enfrentarse a  una lista opositora dirigida, básicamente, desde el Ayuntamiento de Sevilla. Gana por KO: el oponente no logra ni los avales. Viera, que era una suerte de segundón, se consolida.

Rivas se define en estas crisis como uno de los hombres más duros de Viera. Así lo han explicado varios dirigentes sevillanos a este medio. Se fajaba en las asambleas locales. Eso, no era un cualquiera.

Cuando Viera dejó de ser consejero, el jerezano Antonio Fernández, su sucesor, lo mantiene en el cargo. Fernández siempre dio la misma razón para no destituirlo, a pesar de las órdenes de Griñán: contra él, sólo hay la declaración acusatoria de un imputado, Mellet. Sin embargo, hoy Rivas ni es delegado ni miembro de la Ejecutiva provincial ni militante del PSOE. Expulsado. ¿Por qué?

Varios militantes socialistas de Camas, relacionados con Rivas, son algunos de los intrusos de los ERE; es decir, personas que han recibido ayudas para prejubilarse de la Consejería de Empleo sin tener relación con las empresas que hacían los expedientes de regulación. Uno de ellos ejerció de comprador de la sede del PSOE en Camas. Dos de estos intrusos son concuñados suyos y, por si fuera poco, cuando se supieron los nombres de algunas de estas personas de Camas, a la secretaria de Organización del PSOE andaluz, la sevillana Susana Díaz, no le contaron todos los detalles y relaciones.  Díaz se dispuso a destituirlo, lo consultó con Viera, y  éste le pidió que él se encargaría del amargo trámite.

Hoy a Rivas, y sólo por el caso Mercasevilla, el del soborno, la Fiscalía le pide 900.000 euros de multa.  Algunas personas de su entorno con las que ha hablado este medio han coincidido en que sigue viviendo en el mismo piso modesto de siempre.

Javier Guerrero

Aunque los intrusos en el caso de los ERE proceden de casi toda Andalucía, hay dos pueblos sevillanos que concentran algunos de sus principales actores. Uno es Camas, del que ya se ha hablado; el otro es El Pedroso, en la Sierra Norte. De allí es Javier Guerrero, figura clave en todo este asunto, director general de Trabajo con tres consejeros, desde 1999 a 2008, cuando debido a problemas personales relacionados -digamos- con una vida disoluta   fue apartado del cargo por Antonio Fernández. Pero no siempre fue así.

Javier Guerrero era un tipo apreciado por sus tres consejeros -Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández-, al que le consideraban bastante eficaz y con muy buenas relaciones con los sindicatos. Un todoterreno a la hora de solventar problemas en las empresas y futuros quebraderos políticos. La paz social. Santana, Río Tinto, Delphi... allí iba Guerrero como el señor Lobo de Pulp Fiction.

Sin embargo, fue él, quien en declaraciones ante la Policía Judicial, definió esta partida para ayudas a las prejubilaciones y a las empresas -la 31L- como un "fondo de reptiles para la crisis". Un buen titular que algunos entendieron como un primer aviso de Guerrero. Desde el año 2000 hasta 2010, la partida ha estado dotada con 647,8 millones de euros. Cuando realizó esta declaración clave, el caso ya había pasado de la Fiscalía a la juez Mercedes Alaya, gracias a una denuncia del candidato del PP por Sevilla, el juez en excedencia Juan Ignacio Zoido.

Pero antes de seguir con Guerrero, es preciso explicar en qué consistían tales ayudas y cómo se articulaban. La Consejería de Empleo firmó un convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en 2001 por el que la primera realizaba una transferencia al segundo, y el instituto pagaba ayudas a los despedidos por expedientes de regulación de empleo de tal modo que se pudieran prejubilar. Cada uno recibía una póliza que le aseguraba un sueldo hasta los 65 años. Ahora bien, el ERE era aprobado por la autoridad laboral una vez que la empresa y los sindicatos alcanzaban un acuerdo sobre los despedidos, y las  ayudas para que éstos se prejubilasen también las daba la Consejería de Empleo, en concreto la Dirección General de Javier Guerrero, pero no siempre estaban ligadas al listado de empleados afectados.

¿Cómo? Sí, en algunas ocasiones,  las ayudas de la prejubilación cubrían a empleados que habían sido despedidos de las empresas en meses anteriores, como ocurrió en Bonpunt, una industria textil de Ronda, conocida como la fábrica de las bragas; en otras, se extendía a las empresas auxiliares, como pasó con Delphi. Otras eran más chocantes: a un ex delegado de Asuntos Sociales y de Trabajo de Sevilla, Juan Rodríguez Cordobés, se le pagó una ayuda de éstas -una póliza ligada a la empresa Calderinox- como pago por una indemnización que le debía la Consejería de Empleo. Así, con este resquicio abieto entre el ERE y la ayuda, se colaron 59 personas que nunca tuvieron nada que ver con las empresas y otras 87 que suponen casos discutibles.

Según ha declarado Guerrero ante la Policía Judicial, sus dos consejeros, José Antonio Viera y Antonio Fernández, conocían el sistema. Aunque ahora habrá que detallar las interioridades de la declaración para saber cuál es el grado de la acusación. Son dos asuntos muy diferentes: saber cómo funciona el sistema y conocer la inclusión de estos intrusos. Entre los colados, por ejemplo, está la suegra del propio Javier Guerrero, así como varias personas de El Pedroso; entre ellos, un ex alcalde, Rafael Rosendo. Guerrero también ha sido imputado por la juez. Se le expulsó del PSOE porque se consideró que se había "autoinculpado".

Juan Lanzas

A diferencia de los citados anteriormente, Lanzas sí es un hombre al que el dinero le sobra. Al menos eso se dice en su pueblo, Albanchez de Mágina, en Jaén, no más de 2.000 almas. Lanzas es un intermediario, el tipo que mediaba entre las empresas afectadas por la crisis y la Consejería de Empleo, al menos en todas en las que intervino el grupo Vitalia como compañía asesoradora de seguros. En principio, actuaba como sindicalista de la UGT, central de la que llegó a ser el secretario de Alimentación en Andalucía, pero después voló por su cuenta con empresas propias. Cuando se firmó el acuerdo de salvación de Cárnicas Molina por parte de la Junta, allí estaba en la foto junto al entonces consejero de Industria, Gaspar Zarrías. El PP mantiene que ambos son amigos. Zarrías ha asegurado, en más de una ocasión, que sólo se conocen.

En los años noventa, Lanzas intervino en un expediente de regulación de empleo de Coosur, donde conoció a Antonio Garrido Santoyo, un cargo del PSOE de Baeza, que terminó de intruso en el ERE de Mercasevilla, donde nunca había trabajado. Santoyo, presidente del Baeza y comercial de una televisión comarcal, La Loma, fue el primer intruso que se encontró en los casos de los ERE. Además tuvo un papel determinante en Cárnicas Molina, donde conoció al ex gobernador de Cádiz César Braña, cuando ya era gerente de esta empresa. Juan Lanzas; su esposa, Patrocinio Sierra; el propio Braña, ya fallecido, y la mujer de su sustituto en la UGT, María José Martínez Elvira, se prejubilaron en Hitemasa, una empresa malagueña por la que ninguno había pasado. La póliza del matrimonio Lanzas sumaba los 360.000 euros.

Lanzas era acompañante de los directivos de Mercasevilla en sus frecuentes viajes a Marruecos; cobró 123.000 euros por asesorarles en el ERE de la empresa, e iba sobrado -cuentan-. Tan sobrado que una vez le propuso una prejubilación falsa a un militante del PP de Dos Hermanas. Sin saber la filiación, claro. Iba a prejubilarse en Mercasevilla, a pesar de que no era trabajador, sino un autónomo minorista. En Mercasevilla, donde el PP comenzó a tirar de un hilo cuyo fin aún ni se ve.

El senador que quitaría el caso a la juez Alaya

José Antonio Viera fue consejero de Trabajo entre los años 2000 y 2004, y como su sucesor, Antonio Fernández, mantuvo a Javier Guerrero al mando de la dirección general de donde salían las ayudas para las prejubilaciones. Desde el pasado lunes, el día en que la juez de instrucción del caso, Mercedes Alaya, imputó a Antonio Fernández, una pregunta se ha instalado alrededor de él: ¿Es el suyo un caso distinto o sobre Viera pesa una suerte de imputación virtual, diríamos que por simpatía con su sucesor?

La pregunta, sin embargo, no obtendrá respuesta hasta que no se conozcan las razones por las que la juez ha imputado a Antonio Fernández: si se trata de una acusación general debido a la declaración de Guerrero, posiblemente le afectará en la misma medida. Sin embargo, Viera es senador y su imputación supondría que la juez Mercedes Alaya debería dejar el caso de los ERE en manos del Tribunal Supremo.  Es habitual en este tipo de macroprocesos que el juez no tome una decisión sobre un aforado hasta que no haya concluido la investigación, a no ser -como no parece el caso- de que sea uno de los elementos centrales de la trama investigada. Pero, a su vez, el PSOE asume un riesgo mayor que con Antonio Fernández: Viera es el secretario general del PSOE en Sevilla, la agrupación más importante de Andalucía y una de las más fuertes del país. La imputación de Viera, de producirse, acarrearía mayores consecuencias políticas si, entonces, sigue siendo secretario provincial que si no lo es. Éste es un planteamiento que se han hecho varios militantes y cargos públicos con los que este medio ha hablado a lo largo de esta semana.

Sin embargo, en la dirección regional de los socialistas andaluces están convencidos de que la juez no imputará nunca a José Antonio Viera porque no tiene responsabilidades, lo que en cierto modo ya supone asumir que él y Fernández siguieron  comportamientos distintos en la Consejería. Viera, por su parte, ha comentado en varias ocasiones que su compromiso con el PSOE dura, al menos, hasta el año 2012, cuando se debería de convocar el siguiente congreso provincial. José Antonio Viera ha sido una de las personas que más apoyó al delegado de Empleo, Antonio Rivas, hasta que éste tuvo que salir de la Consejería, primero, y, posteriormente, de la Ejecutiva provincial que él dirigía. Además dos de los focos geográficos donde se sitúa el caso de los ERE -Camas y El Pedroso- están en la provincia de Sevilla. Un cuñado de Viera se prejubiló en una empresa que obtuvo una ayuda de la Consejería de Empleo, en Cuerotec, aunque esta persona trabajó siempre en esta firma. En el momento de producirse ese ERE, Viera ya había dejado el cargo.

No habrá más responsabilidades, si no hay acusación

Antonio Fernández ha sido el primer ex cargo del Gobierno andaluz imputado por la juez Mercedes Alaya. Por el momento, la instructora le ha solicitado que nombre procurador y abogado para personarse en una investigación por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencia, aunque no será hasta que se produzca su declaración cuando se sepa por qué está imputado. Fernández, que ha sido viceconsejero de Trabajo y, por último, consejero de Empleo entre 2004 y 2010, dejó su escaño de parlamentario cuando fue elegido presidente del Consejo Regulador del jerez.

Tampoco ocupa ningún cargo en el PSOE ni en la dirección local de Jerez, la ciudad donde nació. Desde la dirección regional del PSOE se ha explicado que no se le exigirá nada más a Antonio Fernández mientras no sea acusado; de momento, sólo es imputado. Es decir, que no se plantean abrirle un expediente ni que deje el Consejo Regulador -un asunto éste último que depende, no obstante, de las bodegas y viticultores representados en esta institución.

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, lo explicó el martes pasado de un modo más claro, pero también más crudo, cuando dijo que, por encima de las "amistades", el Gobierno lamentará si Fernández es procesado y se congratulará si no lo es. Por lo de las amistades se refería a las declaraciones de un consejero el día anterior. Luis Pizarro, consejero de Gobernación y uno de los principales colaboradores de Chaves durante sus gobiernos, defendió a Antonio Fernández tras la imputación y explicó que su confianza se basaba, además, en la amistad de ambos. Una defensa similar había realizado Manuel Chaves, aunque sin citar la relación de amistad.

La doctrina Moreno, del caiga quien caiga, pasará por su prueba de fuego cuando declare Antonio Fernández -aún no ha sido llamado-, y se sepa en qué condición judicial queda. En el caso de Fernández, hay un hecho que sí ha provocado incomodidad dentro de la dirección regional del PSOE andaluz: que él se prejubilase en la empresa González Byass. Siendo consejero, Empleo aprobó el expediente de regulación de esta bodega jerezana, en el que Fernández estaba incluido por ser trabajador en excedencia y cumplir el requisito de la edad. Al consejero le correspondía el dinero que González Byass pagó a sus ex empleados, que él no cobró, y se asbtuvo de firmar la póliza con la que el propio Empleo ayudó a estos trabajadores para prejubilarse; en su caso, una póliza de 386.000 euros. Antonio Fernández no se adhirió a la agrupación de ex trabajadores de González Byass, por lo que mantiene que nunca podrá cobrar ese dinero.