El ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, imputado en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla a cuenta de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L, prevé reincorporarse "en enero o febrero" a la abogacía, según ha manifestado el propio Antonio Fernández.

Este ex consejero, como se recordará, estuvo en prisión entre finales de abril hasta el pasado mes de agosto, en el marco de la mencionada investigación sobre subvenciones directas a empresas con criterios presuntamente arbitrarios y posibles prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la citada partida presupuestaria.

Fernández, quien el pasado mes de agosto abandonó la prisión de Morón de la Frontera tras abonar una fianza de 450.000 euros, ha explicado que ha decidido recuperar la actividad profesional "a la que me dedicaba antes de entrar en la política", pues ostenta la condición de abogado "desde hace más de 30 años". 

La Ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, según ha explicado, le impedía ejercer la abogacía hasta dos años después de su cese, con lo que, cumplido ese periodo en marzo de este año y tras un periodo de "reciclaje" profesional, Antonio Fernández pretende recuperar "en enero o febrero" su actividad como letrado.