La ponencia de síntesis de la comisión de investigación de los ERE señala a cuatro responsables políticos, aquéllos que estuvieron en la cúpula de la Consejería de Empleo entre los años 2001 y 2009, si bien incide, de modo especial, en el ex consejero y hoy diputado, José Antonio Viera, al que responsabiliza de conceder ayudas con una "discreccionalidad arbitraria" a empresas asentadas en la Sierra Norte de Sevilla y en esta provincia. Sólo a la comarca hispalense llegaron el 60% de las órdenes que la Consejería de Empleo dio al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -después IDEA- para pagar a empresas, y casi el 80% a la provincia de Sevilla.

El dictamen, entregado ayer por el presidente de la comisión, Ignacio García (IU) a los grupos parlamentarios, es bastante similar a la propuesta de su formación, si bien suaviza el señalamiento a la Consejería de Hacienda, que estuvo regida durante ese tiempo por Magdalena Álvarez y por José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta. Si bien IU, y el PP, entendían que la Consejería de Hacienda debió actuar al recibir el informe especial del interventor general de la Junta, Manuel Gómez, en 2005, cuando detectó irregularidades en la dirección General de Trabajo de donde salían las órdenes de ayudas, en la propuesta de síntesis, simplemente, se cita que estas advertencias fueron enviadas a la consejera o al consejero.

Cada grupo político realizará enmiendas a la propuesta de dictamen de Ignacio García, que ha sido asesorado por el letrado del Parlamento Plácido Fernández Viagas. Una vez estudiadas, algunas podrán ser incorporadas para formar el dictamen final, que ya irá el pleno de la Cámara de finales de noviembre. Según fuentes socialistas, el PSOE refrendará, con IU, al texto, aunque realizará un voto particular, al menos en los casos de los dos ex consejeros señalados, José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como en el del ex viceconsejero Agustín Fernández. Los socialistas no salvarán al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, al que sí culpan del descontrol de las ayudas. Es la cuarta de las personas a la que responsabiliza políticamente el texto, si bien hay una crítica generalizada a los anteriores gobiernos en su conjunto por escudarse en comportamientos estancos donde nadie parecía saber qué hacían sus subordinados u otros consejeros.

La propuesta de dictamen de IU, a diferencia de la del PP, no señalaba a José Antonio Griñán, pero sí mantenía que su Consejería debía de haber actuado. Eso sí: el dictamen de ahora mantiene que Manuel Gómez, el interventor general de la Junta, debió elevar un informe de actuación que hubiera obligado a reaccionar a la Consejería de Hacienda y al Consejo de Gobierno. El dictamen matiza que el interventor debe realizar este tipo de informes de obligado cumplimiento cuando advierte el riesgo de un menoscabo de fondos públicos: no hace falta, por tanto, detectarlos, sino observar el peligro. El interventor realizó el informe en 2005, referido a una fiscalización de IDEA en 2003, y entre otras irregularidades, dio cuenta de que la Dirección General de Trabajo actuaba haciendo caso omiso de cualquier procedimiento administrativo. En los expedientes siempre se aseguraba que la justificación de cada ayuda se encontraba en Trabajo, pero nunca se adjuntaba.

La llamada ponencia de síntesis también culpabiliza al IFA -después IDEA- al entender que no podía someterse a un simple ente instrumental pagador, sino que debió haber actuado. Del mismo modo, señala a la Consejería a la que pertenecía, la de Innovación y, antes, la de Empleo.