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Fraude en la formación

Alaya abre nuevas líneas de investigación sobre los consorcios-escuelas y reclama un acta de un consejo de Gobierno presidido por Susana Díaz

  • Explica que para la "correcta investigación" de los hechos que se investigan en esta causa y "de acuerdo con los últimos testimonios, tanto en sede policial como judicial, es procedente abrir diferentes líneas de investigación", se hace "imprescindible" la práctica de nuevas diligencias.

La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los cursos de formación, ha dictado un nuevo auto, dictado el pasado 21 de octubre, en el que acuerda abrir nuevas líneas de investigación relativos a los denominados consorcios-escuela y ha reclamado un acta del consejo de Gobienro del 28 de enero de 2014, ya presidido por la presidenta Susana Díaz, en el que se acordó la disolución de los consorcios-escuela FORMAN de Málaga, FORMADES de Almonte (Huelva) y CTI de San Fernando (Cádiz).

En la nueva resolución, Alaya explica que para la "correcta investigación" de los hechos que se investigan en esta causa y "de acuerdo con los últimos testimonios, tanto en sede policial como judicial, es procedente abrir diferentes líneas de investigación", se hace "imprescindible" la práctica de nuevas diligencias. Además de reclamar la entrega de ese acta sobre los tres consorcios-escuela, la juez pide a la Junta que aporte la certificación del contenido íntegro de "las actas del consejo de viceconsejeros relativa a la disolución de dichos consorcios-escuelas", y también los informes emitidos y/o recibidos por la Junta en relacióna  dichos consorcios y a la "situación de los restantes".

Alaya requiere a la Intervención General de la Junta para que en tres días remita el informe de fiscalización realizado sobre el consorcio-escuela de Gelves (Sevilla) respecto al ejercicio cerrrado a 31 de diciembre de 2009.

De otro lado, Alaya ha requerido a la dirección general de Formación de la Junta para que en el plazo de diez días emita un informe "detallado de todos aquellos expedientes" en los que la Fundación Andaluz Fondo de Formación y Empleo (Faffe) haya actuado como "agente externo" -algo que afirmó el testigo clave y ahora también protegido, Teodoro Montes, en su declaración ante la juez-. La instructora pide que se indique la fecha, el importe de la subvención, la entidad beneficiaria y los rendimientos económicos obtenidos por la Faffe en cada caso, todo ello desde el año 2003 en adelante.

Además, la instructora ha incorporado a la cusa el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, publicado en el BOJA de 25 de abril de 2013, sobre las subvenciones concedidas a los consorcios escuelas en 2008 y 2009, y por último ha requerido al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que aporte al juzgado el organigrama en el que se establece la estructura de la Faffe desde su inicio en 2003 hasta la actualidad, en el que se incluyan los correspondientes cargos directivos, tanto de la Dirección General como en las diferentes gerencias provinciales y oficinas de la Faffe.

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