La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, ha acordado el archivo de la causa contra dos de los imputados, Joaquín Yvancos Muñiz y Manuel Sánchez Martín, ex abogados del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos.

En un nuevo auto, la instructora señala respecto a los ex abogados de la familia Joaquín Yvancos Muñiz y Manuel Sánchez Marín –director de Administración del grupo Nueva Rumasa- que dado que por la Fiscalía "no se considera que queda suficientemente acreditada la dolosa participación y dominio en los hechos" de ambos imputados, todo ello atendiendo al estado actual de la instrucción, procede decretar el sobreseimiento provisional, "sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen en relación al resto de las ayudas dadas a las empresas del grupo de la familia Ruiz-Mateos".

Alaya había imputado a Yvancos, porque según la juez, sería "conocedor y partícipe de las irregularidades que presuntamente se cometieron" en los ERE del Hotel Cervantes y de la comercial alimentaria Dhul. La instructora le atribuía igualmente que conocía el presunto tráfico de influencia a favor del grupo Nueva Rumasa que ejercía ante la Junta de Andalucía el conseguidor de los ERE Juan Lanzas para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE, "así como de los pagos efectuados a Lanzas" a razón de 600.000 euros por cada ERE.

La juez también ha decidido archivar  provisionalmente la causa en relación al ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar pero sólo en lo que respecta a la ampliación de la imputación realizada en su día sobre las ayudas concedidas a Hitemasa, "quedando subsistentes el resto de las imputaciones indiciariamente formuladas al mismo por razón de la presente causa".

En la misma resolución, Alaya ha rechazado la petición de archivo planteada por otros 14 imputados en la causa, entre ellos el empresario de la Sierra Norte Antonio Diéguez Viera, de quien Alaya considera que no se han desvirtuado la imputación que se le realizó en su día. Dice la juez que este imputado no ha aportado "prueba alguna" que acredite la existencia de una “oficina pública orientada al asesoramiento empresarial”, "ni tan siquiera dónde estaba ubicada", y añade que en esa oficina deberían haberle informado de los “trámites para obtener subvenciones públicas”, algo que debería comenzar por la presentación de una solicitud a la que se acompañaría el proyecto para lo que se pedía. 

"Sería paradójico que por esta oficina se le informara de que entre los trámites a seguir se encontrara el de perseguir literalmente a Guerrero, incluso en los bares que éste frecuentaba, para requerirle el abono de la subvención por éste concedida para un proyecto turístico (Paraíso del Huéznar), proyecto que sería presentado dos años después de la fecha de concesión", ironiza Alaya.

Para la instructora este imputado, siendo conocedor del sistema "paralelo" ideado para el cobro de estas subvenciones, endosó los 300.000 euros de la ayuda a Caja San Fernando, un "intento que se frustraría ante la falta de toma de razón por la Dirección General de Trabajo".

Dice Alaya que Antonio Diéguez Viera "induciría" al entonces director general de Trabajo para el dictado de una resolución injusta, "a cambio de prestarse a constituir otra sociedad meramente instrumental con el también imputado Gregorio Martínez Piñero denominada Promociones Vinícolas, presuntamente con el ilícito objeto de obtener nuevas subvenciones, aunque el imputado desistiera" porque no le gustaba lo que estaba viendo.

De otro lado, Alaya también ha rechazado archivar la causa contra doce consejeros de Hitemasa, al estimar que sus alegaciones "no desvirtúan por ahora los hechos que les han sido imputados, todo lo contrario, sino que algunas de tales alegaciones y documentos aportados vienen a corroborar los indicios sobre la ilicitud de tales hechos".

La juez recuerda que la Junta abonó importantes ayudas a Hitemasa, de las que se derivaron sobrecomisiones a favor de Vitalia y con cargo a éstas se abonarían los costes de las mejoras de la póliza, por lo que ironiza al señalar que "llamar a esto detalle y compararlo con una cesta de Navidad o un jamón, no parece serio y por supuesto no justifica el trato de favor que los consejeros obtuvieron" y especialmente Antonio Moreno Tejón. Tampoco se ha desvirtuado, prosigue Alaya, que los imputados conocieran la inclusión del conseguidor Juan Lanzas y parte de su entorno en las pólizas, "pues derivada de esta inclusión vendría la magnanimidad de la Junta".