La juez Mercedes Alaya, que investiga la trama relacionada con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), decidió relevar a la Policía Judicial de la investigación y entregársela a Guardia Civil después de que el inspector encargado de la misma le pidiera únicamente un refuerzo técnico dada la magnitud y complejidad de las pesquisas encomendadas.

El jefe de la unidad de Policía adscrita a los juzgados, el inspector Rafael Salvador, envió el pasado 20 de junio un oficio a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la que ponía en conocimiento de la instructora que el volumen de documentación aportado en la causa de los ERE es de tal envergadura que su estudio "excede con mucho las capacidades técnicas" de la unidad.

De ahí que el responsable de la Policía Judicial considerara necesario, para el correcto análisis de la información, la "participación de expertos en materias como informática, urbanismo, seguros, contabilidad o administración de empresas", entre otros. El oficio policial concluía solicitando a la juez Alaya que los informes técnicos y periciales se encargaran a peritos expertos en cada materia. "Con esto se pretende liberar, en la medida de lo posible, a esta unidad policial de la sobrecarga de trabajo que viene arrastrando, fundamentalmente por parte de este juzgado, lo que impide que otros asuntos e investigaciones encomendado por el resto de órganos judiciales sean atendidos del modo que merecen".

La respuesta de Mercedes Alaya a esta petición fue fulminante y radicalmente opuesta a la petición de la Policía. El mismo día en que recibió el oficio de la Policía -el 20 de junio- la juez dictó un auto en el que acordó el relevo de esta unidad, una decisión que justificó en la "ingente documentación aportada y la diversidad geográfica que abarca la investigación", así como en la carencia de medios de la Policía Judicial para llevar a cabo una investigación en la que estos agentes participaban desde hace más de dos años.

La sustitución de la Policía por la Guardia Civil ha generado un profundo malestar en el seno del Cuerpo Nacional de Policía e incluso algunas fuentes apuntan a motivos de índole "política" más que a la falta de medios que padece la unidad. Alaya no ha dado explicación alguna a los policías, con los que ni siquiera ha tenido un gesto de agradecimiento por el trabajo realizado. Otras fuentes indican unas posibles desavenencias entre la juez y el jefe de la unidad adscrita como motivo verdadero del relevo más allá de la falta de medios y de la complejidad de la investigación.

De hecho, la decisión de Mercedes Alaya se produce en el momento en que la unidad de Policía Judicial contaba con mayor dotación de personal y mejores medios de los últimos años. Buena parte de esta laboriosa investigación había sido asumida en unos tiempos en los que la unidad sólo contaba con cuatro policías, mientras que en la actualidad son nueve los funcionarios que la componen. Prueba de la falta de personal que padecía el grupo antaño fue una ocasión en la que hubo que organizar cinco registros simultáneos y sólo había cuatro agentes para ello.

Sin embargo, al ver que la investigación avanzaba pese a la escasez de personal, la Jefatura decidió reforzar a la unidad con más policías. Esto permitió a los cuatro agentes que habían iniciado la investigación dedicarse de lleno a la trama de los ERE y tener más libres a otros policías para el resto de funciones necesarias en los juzgados de Sevilla.

Tampoco atraviesa esta unidad actualmente el peor momento en cuanto a medios técnicos y materiales. Hace años, el grupo no disponía ni de ordenadores con conexión a internet. Tras varios años manteniendo la sede en Blas Infante, en las últimas semanas se había iniciado la mudanza a unos despachos del edificio de los juzgados del Prado, sin necesidad de ocupar unas dependencias anexas como en otros tiempos.

Todo ello, y la falta de una explicación tras más de dos años de intenso trabajo, lleva a pensar a los policías que la decisión de retirarles del caso no responde a una simple falta de medios sino que se debe a otros motivos. Estas sospechas se alimentan con presiones políticas después de que muchos de los detenidos hayan expresado públicamente sus quejas por las formas en las que han sido interrogados por el jefe de la Policía Judicial, de quien aseguran que es demasiado duro.

En estos más de dos años de investigación se han producido registros en distintas ciudades españolas e incluso en Bélgica, donde tiene su sede una de las compañías aseguradoras investigadas. A día de hoy el sumario acumula cientos de miles de folios y a los agentes judiciales aún les faltaba por analizar miles de páginas y revisar cada uno de los expedientes bajo sospecha.

Por ello, el traslado del caso a la Guardia Civil supondrá un retraso importante en la marcha de las pesquisas, al menos en los primeros meses. Los guardias civiles tienen ahora que estudiar el asunto desde el principio y necesitan examinar minuciosamente toda la documentación que la Policía Judicial ya había revisado.

Alaya conoce la forma de trabajar de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la que ha trabajado en la investigación sobre Manuel Ruiz de Lopera y el Betis. Lejos de entrar en rivalidades sobre si un cuerpo de seguridad está mejor preparado que el otro, tanto policías como guardias civiles consultados por este periódico coinciden en señalar que la decisión de Mercedes Alaya supone un fuerte varapalo al prestigio de la Policía Nacional, máxime cuando la unidad a la que se le ha retirado el caso ha llevado asuntos de relevancia como la legionella del Hotel Macarena, el homenaje a Agustín de Foxá, una rama del caso Marta del Castillo o el propio intento de soborno en Mercasevilla. Por eso, los policías no entienden que no haya habido una reacción oficial de la Jefatura Superior en defensa de sus agentes y sólo hayan sido algunos sindicatos quienes criticaran la decisión de la juez.