Fraude en la formación

Alaya acusa a la Junta de crear una red de "clientelismo político" a través de la formación

  • Anticorrupción reclama más de 6 millones de euros para la responsable de un consorcio de formación. La juez deja en libertad con cargos a 14 detenidos, entre ellos las ex delegadas de Empleo en Granada y Almería.

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La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los cursos de formación, ha acusado a la Junta de Andalucía de crear una red de “clientelismo político” a través de las subvenciones concedidas para la realización de actividades formativas. Así lo ha puesto de manifiesto la magistrada en las distintas imputaciones que está realizando a los detenidos en la operación Barrado que están compareciendo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Según las fuentes consultadas, la magistrada considera que los detenidos han podido incurrir en delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones, delitos que encontrarían su fundamento en supuestas órdenes que desde la Consejería de Empleo se habrían dado a las distintas delegaciones provinciales para que no controlaran la justificación de las subvenciones destinadas a la formación, creando de esta forma la red. De los 16 arrestados, Alaya ha dejado ya en libertad a 14 personas. Quedan por pasar a disposición judicial otros dos detenidos.

En el marco de esta operación contra el fraude en la formación, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que imponga una fianza de responsabilidad civil de más de seis millones de euros para la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas (Málaga) María de la O Ustarán, que ha quedado en libertad con cargos tras acogerse a su derecho constitucional a no declarar. La juez Alaya ha decretado también sobre las 15:30 horas de esta tarde la puesta en libertad con cargos de la ex delegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluz El Legado Andalusí Marina Martín Jiménez, quien también se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. Su abogado defensor ha explicado que la ex delegada es “absolutamente inocente” de los hechos que se le imputan. La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido ninguna medida cautelar para esta detenida. También han quedado en libertad con cargos la ex delegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda y la hasta ayer delegada provincial de Empleo en Sevilla Aurora Cosano.

La Fiscalía Anticorrupción reclamado esta madrugada una fianza civil de más de un millón de euros para la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar una vez que ha sido puesta a disposición de la juez Mercedes Alaya, en el marco de la operación Barrado –denominada así porque en la contabilidad de la Junta existe un tipo de documento con este nombre y que tiene por objeto anular parcial o totalmente otro documento contable de la misma naturaleza- contra el fraude en los cursos de formación.

María José Lara fue conducida ante la juez Alaya sobre las 21:20 horas de ayer para prestar declaración, pero se acogió a su derecho a no declarar. Se trata de la primera de las 16 personas detenidas en esta operación que fue conducida ante la titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, según han explicado fuentes del caso, que han añadido que al término de su comparecencia la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros, por lo que quedó en libertad con cargos.

La juez Alaya también puso en libertad más allá de las dos y media de la madrugada a la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido, quien sí prestó declaración ante la instructora, al igual que hizo en la tarde de ayer ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

María Teresa Florido es cuñada del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, quien recibió numerosas ayudas de la dirección general de Formación. La ex directora general de Formación, a la que la juez Alaya imputó delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, negó que tuviese una intervención directa en la concesión de ayudas al entramado de empresas vinculado a Ángel Ojeda, quien según la instructora habría usado “sus influencias en la Junta” para hacerse con ayudas por importe de más de 33 millones “en poco más de año y medio” en relación con la formación de los ex trabajadores de Delphi.

Según fuentes del caso, Teresa Florido alegó que se abstuvo de intervenir en cada uno de los expedientes relacionados con el entramado de empresas de Ángel Ojeda.

La Fiscalía Anticorrupción no solicitó que se le impusiera a Teresa Florido ninguna medida cautelar, ni personal ni real, ésta última en relación a una posible fianza civil, dado que el fiscal ha explicado que en el estado actual de las investigaciones no tiene elementos para cuantificar esa supuesta responsabilidad.

Ante Alaya también comparecieron otras dos detenidas en la operación Barrado, una de ellas la ex delegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete Ortega, y la ex directora-gerente del consorcio de formación Formades, de Almonte (Huelva), Ana María Orihuela. Ambas quedaron igualmente en libertad con cargos después de acogerse a su derecho a no declarar.

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