Dos unidades de Policía, Autonómica y Nacional, notificaron ayer al centro médico Safer de La Isla la resolución firme de la Delegación Provincia de Salud del cierre definitivo de sus instalaciones. Esta medida afecta a un gran número de ciudadanos, que a través de diversas mutuas son atendidos diariamente en estas dependencias, entre ellas la aseguradora del personal de Defensa. Dolores Mesa, su responsable, lamentaba esta circunstancia por considerar que se trata de una "persecución" de la Administración Andaluza contra su negocio. Desde la Delegación Provincial, por el contrario, se informaba de que se había procedido de esta manera al carecer de autorización desde el pasado verano.

"Desde 1999 tengo problemas con Hipólito García (delegado provincial de Salud), entonces viceconsejero de Trabajo y Asuntos Sociales", advierte Mesa, cuando intenta explicar las causas que han llevado a la Junta a determinar que no vuelvan a prestar ningún tipo de atención sanitaria. La disputa llegó a los tribunales. Esta mujer, además, demandaba una deuda de 300.000 euros por un servicio prestado, que la Administración le negaba por no cumplir una serie de requisitos. Entre otras cosas, "es que para hacer una cirugía menor ambulatoria piden una serie de condiciones imposibles", prosigue. Lo último, se queja, es el procedimiento para renovar la autorización necesaria para este tipo de actividad, que finalmente Salud le denegó. "Es pura venganza, sin derecho a defensa", alega.

Los centros médicos debían adaptarse a un nuevo decreto de 2008 que los regula, con un plazo de dos años para cumplir los requisitos y pedir la renovación del permiso. "Yo presenté los papeles a finales de 2009. Mandé un burofax", cuenta, y asegura que Salud no consideró oficial este canal: "Entonces entregé la documentación en Sevilla". Desde ese momento dice no haber recibido ninguna respuesta y ahora, de pronto, "la Policía se presenta aquí, clausura el centro, sin tener en cuenta que tengo 72 horas para el cierre. Lo cierran ya", insiste. La resolución entregada hace mención tanto al servicio médico (también de enfermería), como a los reconocimientos para tráfico y al servicio de ambulancia, aunque ambos, según la responsable, no están activos desde hace varios meses.

Desde la Delegación Provincial de Salud explicaban ayer que el centro Safer carece de autorizaciones de funcionamiento para sus actividades porque entre julio y agosto de 2011 éstas se declararon extinguidas por parte de la Administración. Se había detectado, aclaran, durante el proceso de renovación de los permisos una serie de irregularidades y deficiencias en las visitas realizadas por la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios. No hubo, entonces, recurso sobre esta decisión, ni cambio de las condiciones de las dependencias por parte de los titulares de estas instalaciones. A ello se sumó que la Delegación Provincial de Obras Públicas retiró a esta empresa la autorización y la tarjeta de transporte para la ambulancia.

A pesar de no contar con la autorización, argumenta Salud, este centro médico isleño ha continuado en estos meses su actividad "en situación ilegal", lo que hace que la Administración decida tomar medidas cautelares de prohibición y cierre de las dependencias. La Policía Autonómica procede el 30 de enero a entregtar dicho documento, firmado el 25 de enero. Los titulares, explica la Delegación, rehusaron recoger el escrito, lo que no impide por ley que el procedimiento siga adelante. Ayer, por eso, se hizo efectiva la resolución de cierre, de fecha 9 de febrero, que afectará a un gran número de personas, pues en estas dependencias se atiende a asegurados de Adeslas, Mapfre, Asisa, trabajadores de Diputación y personal de Defensa.