Que Navantia no atraviesa un buen momento debido a la caída generalizada del mercado de construcción de buques es algo sabido por todos. Y también se conocía desde hace meses que la dirección de esta empresa pública trabajaba en la elaboración de un plan estratégico para la compañía que garantizara su continuidad en el futuro. Pero lo que no se sabía hasta ahora es que Navantia ya tiene ese plan ultimado, aunque aún no ha empezado a negociarlo con los representantes de los trabajadores porque éstos se niegan a sentarse con la compañía.

Este bloqueo sindical al nuevo plan de futuro de Navantia viene motivado, según el comité intercentros, por el hecho de que no se haya satisfecho el pago de las asimilaciones y promociones internas que de manera automática se producen cada ocho año según el convenio colectivo vigente en los astilleros que dependían de la antigua Empresa Nacional Bazán, esto es, los de carácter militar que en el caso de la Bahía afectan en particular al de San Fernando.

Estas asimilaciones dejaron de ser abonadas cuando Navantia empezó a aplicar en 2013 el conocido como cuarto convenio colectivo, aunque recuperaron toda su vigencia una vez que la Audiencia Nacional a principios de 2015 y el Tribunal Supremo a finales del año pasado anularan dicho convenio. Los empleados perjudicados por estos atrasos no llegan siquiera a la mitad de la plantilla ya que son exclusivamente aquéllos que se rigen por el antiguo convenio colectivo que había en la Bazán y que, además, tendrían que haber sido promocionados automáticamente en los últimos cinco años.

Fuentes de Navantia consultadas por este periódico han precisado que la dirección de la compañía reconoce que los trabajadores afectados por estos impagos deben cobrar esos atrasos al entender que son unos derechos adquiridos. No obstante, estas mismas fuentes aclaran que si Navantia no ha afrontado aún esos pagos no es por un simple capricho sino porque existe una imposibilidad legal de hacerlo. En concreto, la Ley de Presupuestos que cada año elabora el Gobierno fija desde que estalló la crisis económica un tope en la masa salarial de cualquier empresa del sector público que, ente caso, Navantia no puede superar. La idea de la compañía es que esos atrasos puedan ser sufragados una vez que el plan estratégico de la empresa sea aprobado y entre en vigor.

Pero eso no parece que vaya a ser pronto, salvo que desaparezca un bloqueo sindical que ha escocido y mucho a la cúpula de la compañía. Desde Navantia se afirma que en más de una reunión interna el nuevo presidente de la compañía, Esteban García Vilasánchez, ha expresado su desasosiego por la negativa del comité intercentros a sentarse siquiera a negociar. "Ha llegado a decir el presidente que los sindicatos están preocupados por una gotera que hay en el cuarto de baño cuando se avecina un huracán y tenemos que salir de la casa y guarecernos para protegernos", explican de manera gráfica las fuentes consultadas.

Y es que los rectores de Navantia argumentan que este plan estratégico ha sido elaborado a conciencia, que ha sido parido por la propia gente de la casa -con el visto bueno de la SEPI- y que el documento es fundamental para garantizar la continuidad de esta empresa pública en un mercado, el de la construcción naval, que sigue cayendo en picado en todo el mundo. No en vano, tanto la construcción naval militar como la civil han caído un 60% en los últimos cinco años.

De lo que ha trascendido hasta ahora de este plan de futuro -plan estratégico lo denomina la compañía y plan industrial prefieren llamarlo los comités- lo fundamental es que el Gobierno ha garantizado que ninguno de los centros de trabajo que tiene Navantia en funcionamiento corre peligro de cierre. Este hecho no es algo baladí ya que en 2004, antes de que Navantia se constituyera como tal, el Gobierno de Zapatero llegó a plantear el cierre, entre otros, del astillero de San Fernando.

Con la tranquilidad de la continuidad de todos los astilleros sobre la mesa, Navantia quiere hablar de todo con la representación social de la compañía. Si se levanta el bloqueo sindical y ese diálogo se inicia, todo apunta a que el principal punto de discusión entre las partes sería el del nuevo marco laboral que quiere poner en marcha la dirección de la empresa. Y es que en Navantia consideran arcaicos los dos convenios colectivos que están ahora en vigor, ya que hay diferencias laborales entre los trabajadores provenientes de la extinta AESA y los que proceden de la Bazán. Los rectores de Navantia anhelan por ejemplo que su plantilla cuente con más flexibilidad laboral, algo que ahora brilla por su ausencia. Que empleados de San Fernando, por ejemplo, se desplacen ahora a un trabajo puntual a la Base de Rota es hoy en día una misión muy complicada.

Junto a ello, los representantes de los trabajadores también tendrán mucho que decir en el proceso de rejuvenecimiento de la plantilla. La compañía apuesta por la modernización de los astilleros, por mejorar la formación de la plantilla y por la entrada de mano de obra de nuevo cuño. Sobre las prejubilaciones, sin embargo, nada contempla Navantia en un plan estratégico que puede marcar un antes y un después en el funcionamiento de la empresa que más trabajo garantiza en la Bahía de Cádiz desde hace muchas décadas.