ESTA semana el Senado ha terminado validando una nueva reforma de la Ley Orgánica Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, conocida por todos como ley de Extranjería. Los debates han pasado prácticamente desapercibidos, de tal forma que la opinión pública apenas sabe sobre una reforma que sin embargo es sin duda trascendental para nuestra calidad democrática.

Desde que el primer anteproyecto de reforma se hizo público, a finales del año pasado, han sido numerosas las modificaciones que ha sufrido hasta llegar al texto final. Buena parte de esas modificaciones, fruto de una encomiable presión social, han limado algunos aspectos muy claramente regresivos en cuanto a derechos. Muchos otros en cambio se mantienen, y endurecen una ley que ya de partida era extraordinariamente restrictiva para las personas migrantes, provocando nuevos recortes de derechos humanos cuando paradójicamente su título y objetivo declarado sería proteger y regular esos derechos.

Algunos de esos aspectos han sido señalados sobradamente en los medios. Baste referirse al incremento de la detención sin delito hasta los 60 días (lo que no es sino una aberración desde el punto de vista del estado de derecho), las dificultades puestas a la reagrupación familiar, el tratamiento a los menores extranjeros, los impedimentos a las denuncias de violencia de género para las mujeres inmigrantes, los límites al acceso a la educación no obligatoria, las condiciones gravosas para el acceso al derecho a la justicia gratuita, sanciona y castiga la solidaridad… y en general dificulta la inclusión social.

Son cuestiones que, aunque han sido ampliamente argumentadas ante los diputados y senadores, han sido desconsideradas sin embargo por la mayoría parlamentaria.

Pero, dicho todo esto, nos gustaría reflexionar sobre algunas cuestiones que esta enésima (i) reforma de la Ley pone encima de la mesa. De entrada, ¿era necesaria una nueva vuelta de tuerca restrictiva en la legislación de extranjería? Para esclarecer esta cuestión sería preciso dilucidar obligadamente a qué personas va dirigida, qué características tienen sus destinatarios y qué objetivos trata de lograr.

Curiosamente la reforma que se aprueba da toda la impresión que no ha tenido en cuenta precisamente a sus hipotéticos destinatarios, es decir la población inmigrante. Y en este sentido, parece evidente que no ha habido una verdadera preocupación por basarse en la realidad de la migración en nuestro país, en cuál es su grado de estabilidad y asentamiento, cuáles son sus aspiraciones y en qué circunstancias se encuentran así como en la diversidad que impide hablar de inmigrante como categoría homogénea y monolítica.

Bien mirado las necesidades de la población inmigrante hoy en España tienen más que ver con medidas que suponen reconocimiento, igualdad de trato y de oportunidades que con cuestiones relativas al control de su estancia. Aunque la reforma da más espacio a la integración que en reformas anteriores, la verdad es que muchas de las disposiciones aprobadas por la mayoría parlamentaria no van sino a dificultarla seriamente.

La Ley se centra en el control de la extranjería. Y ello no puede sino contribuir a que veamos a los inmigrantes como a gente que "da problemas", con poca capacidad para adaptarse, cuando no es así, como lo demuestra el grado de convivencia alcanzado en estos años de crecimiento exponencial de personas inmigrantes residentes. La Ley refuerza la imagen social del inmigrante como personas a las que les pasan cosas que nada tienen que ver con el resto de la sociedad, en vez de presentarlos como personas corrientes con las que convivimos, con nuestros problemas y nuestras dificultades. Y que también debieran tener nuestras posibilidades, y disfrutar de los mismos derechos.

Y en lo que se refiere a la propia extranjería, es decir en lo que se refiere al control de entrada, tránsito y estancia, se ponen en marcha disposiciones que no sólo recortan gravemente derechos de las personas, sino que se vienen a aprobar en momentos muy distintos para los que estaban pensadas, con importante descenso de los flujos migratorios debidos muy probablemente a la situación de crisis que sufrimos.

No dejemos de señalar que, además, esas disposiciones teóricamente destinadas a frenar la inmigración irregular, van a afectar de lleno a miles de inmigrantes perfectamente asentados aquí. El empleo, los derechos y la seguridad nunca debieran pertenecer al ámbito de la extranjería, sino que corresponden al terreno de la integración pues las personas queremos sabernos amparados y protegidos por unas leyes y por la posibilidad de acceso a recursos vitales.

Cuestionada así la mayor, la propia necesidad de esta reforma, no parece sino que tengamos que concluir que la misma podría responder más que nada a la necesidad imaginada por este segundo gobierno de Zapatero de dar un golpe de timón en el tema migratorio, aparentar firmeza y resolución "frente" a los inmigrantes, con el objetivo poco disimulado de no enajenarse apoyos electorales. La reforma se promete así incapaz de dar respuesta a los retos de una sociedad diversa con nuevos vecinos que tienen derecho a tener derechos, incapaz también de gestionar con cierto sentido común el fenómeno migratorio y promotora de nuevas violaciones de los derechos humanos.

De ser tal como decimos, se trataría finalmente de una utilización instrumental de la inmigración indigna y absolutamente indecente que debería hasta provocar vergüenza.