El Grupo Municipal Popular pidió ayer al alcalde que destituya a la concejal de Vivienda y Cultura, Eva Tubío (Ganar Cádiz) "porque políticamente está inhabilitada para llevar ningún tema que tenga que ver con la vivienda pública de esta ciudad. Nos da miedo y vergüenza", dijo su portavoz, Ignacio Romaní, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por sus compañeros Juan José Ortiz y Vicente Sánchez.

Esta petición se basa en la decisión judicial de archivar el denominado Caso Matadero, que Romaní rebautizó como el "Caso Tubío", porque "después de que más de 50 personas hayan presentado declaración en sede judicial, tras 88 declaraciones, nadie ha declarado haber recibido presiones de ningún tipo para cambiar la baremación en la adjudicación de una vivienda del parque público, ni siquiera Pilar Tubío, algo que ha destacado el propio juez en su auto". En el informe se habla de presiones, "pero no a ellas, sino a otras compañeras", dijo Romaní. "¿Y saben el apellido de quienes apuntaban en esa dirección? Tubío, las tres, Pilar, Susana y Eva. Tubío. Pero luego ni siquiera ellas se ratificaron ante el juez". Por ello el PP va a pedir a la Fiscalía que estudie si las declaraciones de las hermanas Tubío pudieran ser constitutivas de delito. "Especialmente las de Pilar, para que la Fiscalía indague si pudiera haber incurrido en un delito de prevaricación".

Romaní, que destacó el intachable comportamiento de sus compañeras Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, "que no sólo han pasado muchas noches sin dormir por la situación de personas con necesidades de la ciudad, sino que han llegado a avalarlas con sus propias nóminas para que pudieran lograr una vivienda en algunos casos, los más dramáticos", cargó también contra Fran González, Antonio Chico y el responsable sindical de Autonomía Obrera, Manuel Bienvenido, a quienes no descartan llevar ante los tribunales para que expliquen "quién mintió a quién" a la hora de lanzar esas acusaciones contra las ediles populares, ya que de hecho estas tres personas fueron las firmantes de la denuncia por la supuesta adjudicación irregular de viviendas. "El PP no descarta tomar acciones legales por un presunto delito de denuncia falsa", comentó, además de decir que también están estudiando emprender otras medidas judiciales contra personas como los socialistas David Muñoz y Gonzalo Pando o contra Juana Cortés por sus acusaciones en la revista de tirada nacional Interviú "que luego no supieron ratificar ante notario".

El PP cree que sus concejalas "deben al menos una disculpa pública", o una llamada de todas estas personas, y de Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos, "que fue sembrando mentiras hasta el Defensor del Pueblo y que les ha causado un daño irreparable". Además afirmó Romaní que los propios vecinos de Matadero "también merecen unas disculpas por la utilización política que de ellos han hecho las Tubío y compañía desde el año 2013, con el único objetivo de echar a Teófila Martínez del Ayuntamiento. Por ello en las redes sociales Eva Tubío ha comentado que le da igual la resolución judicial, porque el objetivo ya se consiguió. Aunque me gustaría recordarle que el PP ganó las elecciones, por más que le duela y por más odio que lleve dentro. Esta persona no es digna de ser concejala de este Ayuntamiento", apostilló.