A comienzos del pasado mes de octubre de 2010, el Consejo Rector de Las Aletas anunciaba la culminación de un informe, elaborado por la empresa pública Tracsa, en el que se enmendaban algunos aspectos del proyecto de desarrollo de este polígono. Dicho informe era consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo (TS), tras una denuncia ecologista, en la que consideraba que se vulneraba el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y que, por tanto, había que reformar.

En esa comparecencia, nadie tuvo acceso a dicho informe. Tan sólo, la presidenta del Consorcio Aletas, Juana Lázaro, esbozó que se protegía la zona afectada por ese dominio público, pero que no ponía en riesgo el desarrollo de la actuación. Más bien al contrario, tanto Lázaro como el vicepresidente de ese órgano, Luis Pizarro, explicaban que no hacía sino reforzar la apuesta conjunta de las administraciones central y autonómica.

En esa comparecencia de prensa, Juana Lázaro aseguró que en el plazo de 20 días se daría a conocer el informe definitivo, toda vez que los miembros del Consejo Rector aportasen sugerencias o recomendaciones al respecto.

Hoy, tres meses después, no sólo no se ha dado a conocer ese informe públicamente, sino que ni tan siquiera el primer documento (que sí publicó este periódico) ha llegado a manos de actores tan importantes en el desarrollo de Las Aletas como la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), o los sindicatos CCOO y UGT, miembros todos del Consejo Económico y Social de la provincia, cuya convocatoria se exigió por parte de los tres y no obtuvieron respuesta.

Hay más datos que demuestran el parón que está sufriendo este asunto. Desde el Consorcio, nadie se pronuncia al respecto, ni tan siquiera acerca de la elaboración del esperado documento de Tracsa. Y desde esta empresa, la respuesta es clara: "No estamos autorizados a hablar de ese asunto".

Pero, además, este periódico ha podido saber que en estos tres meses, los miembros del Consejo Rector de Las Aletas fueron convocados hasta en dos ocasiones para celebrar una reunión. Ambas convocatorias fueron anuladas a las pocas horas.

Ahora, un nuevo frente se ha abierto. El alcalde de El Puerto, Enrique Moresco (PP), sorprendió días atrás con una propuesta de conversión en suelo industrial de alrededor de 800 hectáreas junto al Poblado de Doña Blanca, en El Puerto. Curiosamente, un extenso terreno con un uso actualmente agrícola (en su mayoría) que ve enfrente al de Las Aletas.

Esta propuesta no ha sentado bien en filas socialistas. De hecho, nada más conocerse, su secretario general en la provincia, Francisco González Cabaña, acusó al PP de "querer torpedear el proyecto de Las Aletas".

Ayer, el alcalde de Puerto Real (en cuyo término municipal se ubica la totalidad de la superficie de Las Aletas), José Antonio Barroso (IU), afirmaba que esta propuesta es consecuencia de otra que se hizo en su día "y que nació muerta, porque resultó ser un bluf". Barroso se refería a la idea de instalar una acería en este mismo terreno de Doña Blanca. Para el alcalde de Puerto Real, "aquello fue fruto de la confrontación interna que había entre el entonces consejero de Innovación, Francisco Vallejo; y el que fuera consejero de Obras Públicas, Luis García Garrido. Uno quería Las Aletas, y otro quería otro suelo". Por eso, según Barroso, el PP retoma ahora este asunto "porque sabe que el debate en el seno del PSOE hace daño, y esa es su estrategia, y si los socialistas entran en este juego se están equivocando".

Para el dirigente de IU, el problema no es ofrecer más suelo industrial "porque de hecho en El Puerto tienen suelo industrial de sobra y está vacío, como en Las Salinas. El problema de la Bahía es que sobra suelo industrial, lo que no hay son inversiones".

Recientemente, el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, aseguraba que no renuncian al proyecto de Las Aletas y que tanto el Gobierno central como la Junta lo consideran "viable", para lo que se trabaja en la idea de que el Consorcio pueda tener una reunión a lo largo del presente mes de enero para poder tomar los acuerdos necesarios de que aparezca como un proyecto que va a continuar adelante.

Pizarro recordó que tras la sentencia del TS se hizo la encomienda a Tracsa de realizar un documento para presentar la reordenación de los usos con el fin de hacer compatible el proyecto y la exigencia que hacía el Supremo. Asimismo, manifestó que el Gobierno central, la Junta y el Consorcio Las Aletas están trabajando en dejar resuelto definitivamente ese documento para que sirva de base para la presentación de la nueva reserva que tiene que aprobar el Consejo de Ministros. A este respecto, dijo que espera que "en enero" se tengan noticias al respecto.