La sexta sesión del juicio por el caso Uniformes ha sido, por el momento, la más técnica de las hasta ahora celebradas. Nada menos que tres interventores pasaron ayer por sede judicial para responder a unas cuestiones puramente formales relacionadas con la contratación en la administración pública.

Miguel Fuentes, interventor de Rota durante 20 años y uno de los condenados por el caso Horas Extras a dos años y siete meses de inhabilitación, ha declarado que advirtió a los miembros de la corporación local de la prohibición de formalizar contratos con el Ayuntamiento si tenían participaciones en sociedades proveedoras. "Incluso se abordó el tema en el Pleno", ha dicho.

Fuentes, actualmente interventor accidental en el Consistorio, ha explicado que fue a partir de 2011 cuando se suspendieron las adjudicaciones a dos empresas vinculadas con Lorenzo Sánchez: Coanda Cooperativa y Epis Rotasur. En ambas, "más del 10%" de las acciones estaba en manos de cargos públicos. No así en el caso de Coanda Costuras, con la que sí era legal seguir manteniendo contratos. Esta entidad nació en 2008 bajo la batuta del procesado Isidro Martín-Bejarano, al que el fiscal acusa de ser un hombre de paja al frente de la sociedad, pues el verdadero gestor era, según la acusación del Ministerio Público, el propio Lorenzo Sánchez.

Un punto especialmente controvertido por el que ayer fueron cuestionados los tres interventores citados como testigos fue el encargo de ocho bateas (que acabaron siendo siete) por parte de la Delegación de Fiestas -encabezada entonces por Eva Corrales- a Aremsa, la empresa municipal de Aguas de Rota. Esta encomienda suscitó informes de reparo por parte de Intervención por varias razones. De una parte, el objeto social de Aremsa no encajaba con el trabajo a realizar, motivo por el cual "la empresa municipal tuvo que modificar sus estatutos y así acreditar que tenía medios propios para hacerlo". Tampoco el proyecto contaba con consignación, pues en el momento del pedido los presupuestos estaban prorrogados.

A pesar de los reparos planteados, esta encomienda (entendiendo como tal el encargo imperativo que hace la administración a una empresa de capital público) salió adelante, si bien, tal y como concretó el actual interventor roteño, "las facturas aún están pendientes de aprobar", es decir, las bateas no están pagadas.

En este asunto, fiscal y acusación pública intentaron demostrar que la concesión de dichas bateas fue un procedimiento, a todas luces, irregular. Y es que Aremsa terminó adjudicando la fabricación de las mismas a Pacheco Puyana, una empresa creada supuestamente por la esposa del ex edil del PP Ismael Puyana y la también esposa de Lorenzo Sánchez, todos procesados. ¿El motivo? "Porque Aremsa, al ser una empresa pública, podía adjudicar directamente contratos por menos de 50.000 euros". Y así lo hizo. Pero al demandar ocho bateas el presupuesto superó los 51.000 euros. Entonces se encargaron siete, tal y como refirió el fiscal.

Los tres interventores coincidieron en manifestar que el sistema de vales para compras menores (que sólo exigía la aprobación del gasto y la factura correspondiente) era un modelo "flexible" y "habitual" en el Ayuntamiento de Rota. Asimismo, los tres funcionarios apuntaron que en las Juntas de Gobierno que se celebraban en el Consistorio de Rota se aprobaban numerosos asuntos. Algunos temas de envergadura generaban debate, pero la mayoría obtenían el visto bueno de forma "rutinaria" y casi "automatizada", como por ejemplo "el tema del vestuario".