Aproximadamente 500 personas de toda la provincia esperan la formalización de su contrato de formación para optar a un puesto de trabajo, simplemente, por la ausencia de un método anunciado en su día por la responsable de Empleo en Andalucía, la Junta, para que este trámite se pudiera hacer de manera telemática. Esa plataforma, sencillamente, no está disponible, y quienes quieren realizar esa formación han de esperar.

Así lo denuncia el Colegio de Graduados Sociales de la provincia de Cádiz, a través de su presidente, José Blas Fernández. Él explica que, desde el 1 de enero de este año, la normativa relacionada con los contratos de formación ha cambiado, quedando anuladas, asegura, la modalidad a distancia. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Al respecto, el presidente de los graduados sociales de la provincia expone que, con el nuevo procedimienfo, se deben seguir varios pasos. En primer lugar, la comunicación previa de la petición de alta del contrato de formación y aprendizaje. A continuación, el interesado debe esperar la respuesta por parte del Servicio Estatal de Empleo (SEPE), con un máximo de 30 días naturales. De no producirse esa contestación, habrá de entenderse que su solicitud es aceptada por silencio administrativo.

Y es aquí donde, según José Blas Fernández, se está produciendo el problema. Al no existir una plataforma por parte de la Administración competente (la Junta de Andalucía) para solicitar esa formación a distancia, todas las solicitudes enviadas se están tramitando un mes después, "con lo que el interesado o pierde un mes o trabaja sin contrato, con las evidentes consecuencias que eso implica tanto para él como para quien quiere contratarlo".

Para el presidente del Colegio, no sólo son los alumnos los afectados, sino muchos centros de formación que se dedican a estas labores y que se están encontrando con la puerta cerrada. "Muchos están preguntando a nuestros colegiados qué ocurre, porque desde la Junta de Andalucía no se da ninguna explicación", asegura

De igual modo, el presidente del Colegio dice no entender cómo la propia Junta de Andalucía "vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo, pues pretende que las solicitudes realizadas en los registros de la propia Administración, situados en localidades de la provincia y distintas a la Delegación Provincial, sean tenidas en cuenta sólo desde el momento en que llegan al Registro de la Delegación Territorial, cuando ello ni se contempla ni es legal, dilatando aún más todas las solicitudes que se realizan y consiguiendo un efecto negativo a las empresas para la contratación, dejándolas en una total indefensión y haciendo que los jóvenes no puedan contratarse, cuando somos la comunidad autónoma con mayor desempleo".

Por último, sobre este asunto, José Blas Fernández entiende que "lo que tienen que hacer es propiciar el funcionamiento de la correspondiente plataforma y no dilatar más el empleo que le impone el legislador".