José Ortiz (PP), actual alcalde de Vejer, y su predecesor en el cargo, Antonio Jesús Verdú (PSOE), han sido imputados por la Fiscalía de Cádiz por un supuesto delito de prevaricación y malversación. Ambos concurren como candidatos de sus partidos en las próximas elecciones municipales del 24 de mayo y comparten una imputación por la misma causa, que también se ha ampliado a cinco concejales del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento vejeriego, entre ellos el de Urbanismo, Daniel Sánchez, también diputado provincial.

La Guardia Civil de Cádiz citó a los siete y les informó de las causas que determinan su imputación. Verdú acudió solo y se acogió a su derecho de no declarar, algo que también hicieron Ortiz y sus concejales, que en este caso acudieron a la capital gaditana juntos. Esto sucedió el pasado mes de marzo y desde entonces la Fiscalía ha continuado con la investigación de los supuestos delitos.

Un día antes de que se inicie la campaña electoral llama la atención esta doble imputación de las dos personas que están llamadas a luchar por hacerse con la Alcaldía de Vejer.

La denuncia parte de una ex trabajadora municipal, Adelina Martín, responsable en su día de los Servicios Sociales, y que tras muchos años de trabajo fue despedida por el equipo de Gobierno que llegó al poder en 2011. El bufete de abogados de Ramón Dávila se encargó de su defensa y denunció al Ayuntamiento por presuntas presiones psicológicas sobre esta trabajadora, que habría caído en una depresión que requirió tratamiento médico, lo que a su entender fue aprovechado para aplicarle un despido objetivo.

La trabajadora denunció en su día presiones para cambiar informes de asistencia social relativos a personas a quienes el actual alcalde quería que se le concedieran beneficios sociales.

Por su parte el Ayuntamiento acusó al PSOE de estar detrás de la denuncia presentada por Adelina Martín y aseguró que se trataba "de un despido por causas objetivas que cuenta con todos los informes técnicos, jurídicos y de la Seguridad Social".

En la denuncia presentada por esta trabajadora aparecerían informes de la Intervención Municipal donde se alerta de posibles irregularidades.

Una de ellas, que afecta tanto a Verdú como a Ortiz, sería la puesta en funcionamiento de un servicio de guías turísticos en Vejer y en la playa de El Palmar. Presuntamente, para poder burlar los mecanismos de contratación pertinentes se habría llegado a un acuerdo con una asociación de chicas a las que se les pagaría sueldos raquíticos por hasta 14 horas de trabajo. Según parece estas mujeres no habrían pasado ningún proceso de selección ni habrían estado dadas de alta como trabajadoras municipales.

Pero los casos que la Fiscalía está investigando con más interés son los de adjudicaciones de obras y trabajos en la población que supuestamente no habrían contado con el visto bueno del interventor.

Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguran que una de las malas prácticas habituales que se estaría investigando sería la presunta adjudicación de trabajos de elevadas cuantías y parcelarlos, es decir, firmar 15 o 20 contratos de servicios menores para que las cantidades no resultaran muy llamativas.

La Fiscalía también está investigando irregularidades en el Consistorio vejeriego durante la etapa socialista por la utilización del principio de caja única, utilizando dinero de subvenciones europeas para diversos proyectos con el fin de pagar nóminas municipales.

Tras ganar las últimas elecciones, el PP se encontró que había más de un millón y medio de euros en subvenciones de administraciones, y en buena parte de ellos de fondos europeos que se habían destinado a otros fines y periódicamente les solicitaban el reintegro de esas subvenciones. Hubo un informe de la interventora y del tesorero, además de un dictamen de la Comisión de Investigación, y todo fue remitido a la Fiscalía.

El PSOE de Vejer aseguró en su día que no ha existido desvío de fondos y sus dirigentes se mostraron "tranquilos". Sobre las subvenciones aseguraron que "siempre se actuó bajo el principio de caja única establecido en el artículo 196 c de la Ley de Haciendas Locales, satisfaciendo las obligaciones de pago tal y como establece la norma".

El caso es que a un día de que se inicie la carrera hacia el sillón de la Alcaldía de Vejer, PP y PSOE se encuentran en la tesitura de que sus dos candidatos están imputados por la Fiscalía en una causa por un supuesto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Susana Díaz ya dijo en febrero que "cualquier persona que resulte imputada por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a tener que dejar el escaño". Ahora habrá que ver qué piensan en la cúpula de sus respectivos partidos de este procedimiento abierto por la Fiscalía de Cádiz y de la investigación que está llevando a cabo el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz.