La Diputación Provincial de Cádiz invirtió 244.000 euros en participaciones preferentes de dos entidades financieras en el año 2009, cuando esta institución estaba gobernada por el pacto PSOE-IU y su presidente era el socialista Francisco González Cabaña. El nuevo gobierno provincial del PP logró canjear a lo largo del año pasado el 81% del montante invertido, quedando aún pendiente de recuperar en torno a unos 45.000 euros.

La compra de estos productos financieros fue llevada a cabo por la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, SA (antigua Provisa) cuando la misma estaba dirigida por el diputado provincial de IU y entonces alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, según consta en sendos informes internos de esta empresa -uno económico y otro jurídico- que fueron realizados a finales del pasado año a instancias del actual gobierno provincial que preside José Loaiza (PP).

En junio de 2009, cuando la crisis económica estaba ya en pleno apogeo y las promociones inmobiliarias entraban en clara decadencia, esta Empresa de Vivienda decidió invertir 144.000 euros en participaciones preferentes con una primera entidad financiera, siendo la remuneración fijada de un 6% TAE de junio de 2009 a junio de 2011 y del Euribor de tres meses más el 3,5% desde la última fecha referenciada en adelante.

Apenas cuatro meses después, en octubre de 2009, se adquieren más participaciones preferentes de una segunda entidad financiera por valor de 100.000 euros, fijándose en este caso un TIN del 7,25% para los dos primeros años y del Euribor de tres meses más el 6,10% a partir de octubre de 2011 en adelante.

Los informes internos de esta empresa provincial a los que ha tenido acceso este periódico reflejan que las suscripciones de los valores fueron firmadas por la anterior gerente y apoderada de este organismo "sin que conste comunicación al consejero delegado o al consejo de administración". Y añaden estos informes que esta práctica "era común en esta empresa pues en ningún caso, al menos en los acontecidos en los últimos diez años, ni la contratación de los productos financieros ni sus renovaciones eran refrendadas por escrito por el consejero delegado, ni comunicadas al consejo de administración, según las actas consultadas".

El proceso de canje de estas participaciones se inició en 2012, una vez que ya se había desencadenado la protesta masiva de muchos pequeños inversores tras desincentivarse la emisión de estas preferentes a raíz de las exigencias europeas. Así, la primera de las entidades bancarias con las que negoció la Diputación se puso en contacto con la institución provincial en enero del año pasado con objeto de salvar el perjuicio causado por la desaparición transitoria de dicho mercado de instrumentos. En este caso se canjeó los primeros 144.000 euros invertidos cambiando 100.800 de estos euros en obligaciones subordinadas, con vencimiento en febrero de 2022, rescatable en el mercado AIAF de renta fija. Por su parte, los 43.200 euros restantes fueron transformados en obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones, algo que se produjo en un 50% el 30 de junio de 2012, estando estipulado que se complete en su totalidad en la misma fecha del presente año.

En cuanto a los 100.000 euros invertidos en la segunda entidad financiera, el canje empezó a negociarse en junio del año pasado, estableciéndose que todo el dinero pasara a convertirse en obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones, que será en diciembre de 2014.

Ambas operaciones de canje fueron firmadas por el actual consejero delegado de esta empresa provincial, Antonio Saldaña (PP), aunque no fue hasta hace escasas fechas, precisamente al cerrarse el balance del año en la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, cuando se ha destapado el asunto, de ahí que se encargaran los referidos informes a los técnicos.

Tras las operaciones de canje formalizadas, los valores que actualmente posee la empresa tienen un valor medio de 198.800 euros que, sobre los 244.000 euros invertidos, proporcionan un déficit de 45.200 euros.

La adquisición de productos financieros por parte de las administraciones públicas es algo habitual, aunque no lo es que esas inversiones se realicen en participaciones preferentes, al no reunir las condiciones de liquidez y seguridad necesarias, ni tampoco que lo haga una empresa provincial cuyo objeto social nada tiene que ver con ello. Así lo refleja el informe firmado por la actual coordinadora jurídica de esta empresa, que en sus conclusiones subraya, entre otras cosas, que la adquisición de estas participaciones preferentes "no responde ni formal ni materialmente a las normas por las que se ha de regir", que el importe invertido, cercano a los 250.000 euros, "excedía del límite económico del apoderamiento de la dirección en aquellos momentos" y que esos recursos económicos "no deben destinarse a financiar a otras entidades".