La Plataforma Vecinal del Vado adelantó a la jornada de ayer la difusión de "otro caso escandaloso de trato de favor" en el cobro de este tributo como reacción inmediata ante el anuncio del Gobierno local de que denunciará por "injurias" a este colectivo en relación al negocio del padre de la alcaldesa, Irene García. "El equipo de Gobierno ha intentado cortarnos la palabra, ha intentado atemorizarnos, pero nosotros contestamos preguntando por un nuevo caso a los que se sumarán otros en las próximas semanas", manifestó José Diego Salas.

La plataforma pidió explicaciones a la regidora socialista sobre el garaje del edificio donde radica la sede local del PSOE, en la Cuesta del Ganado. "Si ahora la alcaldesa y secretaria general del PSOE de Sanlúcar dice que no tiene conocimiento de que en este garaje no hay ni un pivote ni un disco de vado, será porque es ciega o porque no quiere ver", dijo Salas, que también aludió al caso del padre de García.

Según afirmó, "no es intención de esta plataforma injuriar a ella ni a nadie, pero si ha oído alguna palabra injuriosa, la retiramos aunque no sepamos qué palabra es". Con todo, este portavoz de la entidad vecinal aseveró que "no vamos a retirar nuestras declaraciones de que todos los ciudadanos no hemos sido tratados igual, porque lo estamos demostrando con estos casos; tampoco vamos a retirar que Irene García ha dado orden a la Diputación de que no fuera por esa zona para hacer la inspección, porque sencillamente no hemos dicho eso; tampoco vamos a retirar que el local es del padre de la alcaldesa, porque es así; ni tampoco que no tiene pivote ni disco de vado, porque, efectivamente, no los tiene".

En esta línea de argumentación, Salas agregó que "por supuesto, no vamos a retirar nuestra petición de dimisión de la alcaldesa, porque creemos que es totalmente incompetente, pues tras cinco años en el Gobierno local no ha sido capaz de tratar a todos los ciudadanos con el mismo rasero. Y si no sabía que su padre no paga el vado, cosa que nos extraña, pero supongámoslo, pues es doblemente incompetente".

Alfonso Martínez comentó que "la plataforma no ha injuriado ni ha intentado injuriar a nadie, sólo está preguntando al Consistorio por qué unos ciudadanos sí pagan y otros no". Para Miguel Orellana, "es inaceptable que el Ayuntamiento diga que no tiene conocimiento de que hay zonas donde no ha actuado la Diputación, después de seis años de sufrimiento para muchísimos ciudadanos ante semejante discriminación, el cobro ilegal de los vados y el embargo de cuentas". "Si no hay voluntad política de solucionar esto, esperamos lograrlo los propios ciudadanos, porque ahí está la sentencia judicial", aseguró.