EL Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía ha publicado esta semana la Contabilidad Trimestral para el segundo trimestre de este año, donde se confirmaba la desaceleración económica que anunciaba el Observatorio Económico de Andalucía la semana anterior. En concreto, el crecimiento intertrimestral del PIB fue del 0,5% (0,8% en el conjunto de España), y el crecimiento interanual se reducía al 2,8% (3,2% en España). Lógicamente no se puede magnificar la diferencia de unas décimas en un trimestre, máxime teniendo en cuenta que son estimaciones susceptibles de ser rectificadas. La Junta de Andalucía ha llamado la atención sobre la evolución positiva de la economía regional con un crecimiento que duplica el de la Eurozona.

No obstante, son oportunas algunas reflexiones al hilo de estos datos coyunturales. Por una parte, para tener en consideración que Andalucía sufrió con mayor intensidad la crisis que la Eurozona y que inició la recuperación más tardíamente, por lo que la divergencia en términos de PIB por habitante ha aumentado al 4,8%. Por otra parte, porque lo relevante de la comparación con España no es el último trimestre, sino la dinámica a medio plazo, y ésta nos pone de manifiesto que, a diferencia de la tendencia histórica del ciclo económico, según la cual Andalucía sufría más intensamente las recesiones pero mejoraba su posición en las fases de recuperación, en el último ciclo Andalucía ha sufrido más que el conjunto de España la recesión y ha crecido menos en la fase de recuperación, por lo que está aumentando la divergencia en términos de PIB por habitante, que pasó de significar el 77,3% de la media nacional en 2007 al 74,1% en 2015, a lo que se debe sumar el peor comportamiento de la economía andaluza en los dos primeros trimestres de este año. Y en tercer lugar, que somos líderes en recursos ociosos, con una tasa de paro del 29,1%, frente al 18,1% del resto de España.

El análisis de la coyuntura del segundo trimestre del año pone de manifiesto que el factor explicativo del menor crecimiento es la desaceleración de la demanda interna, que es el principal determinante del crecimiento del PIB regional. Ese comportamiento viene fundamentalmente determinado por la desaceleración del consumo de los hogares, condicionada por el menor crecimiento del empleo (0,9% en tasa interanual, frente al 2,4% en España), pero también se reducen la inversión privada y el gasto público.

Si esta dinámica de desaceleración se intensifica en los próximos trimestres, como prevén casi todos los analistas, podemos encontrarnos con tasas bajas de crecimiento a medio plazo y sin haber reducido de forma significativa los elevados niveles de paro de la región y, lo que es tanto o más grave, sin haber reconstruido una base productiva que soporte las necesidades de empleo regional. Ante ello la Junta de Andalucía aborda cada cierto tiempo algunas medidas de apoyo al empleo, pero suelen tener más una funcionalidad política (vísperas electorales), de carácter social (protección a algún colectivo) o subvención a algún sector con influencias, y básicamente solo generan un empleo temporal (mientras que duran las ayudas públicas).

Por ello, si compartimos que sin una base productiva sólida y competitiva no convergiremos con las regiones más desarrolladas del país, ni acabaremos nunca con el paro estructural, ni generaremos los recursos necesarios para mantener los servicios públicos que deseamos, debemos abordar los cambios políticos, económicos y sociales que nos permitan enfrentarnos al futuro con más solvencia. El desarrollo económico es un proceso complejo en el que intervienen los recursos humanos, el capital productivo y las instituciones en sentido amplio, es decir, el ordenamiento positivo, la gobernanza social y los valores y códigos de conductas dominantes en la sociedad. En la medida en que todos estos factores sean más cualificados y funcionales con los objetivos económicos de una sociedad dinámica (libertad económica, innovación, meritocracia, seguridad jurídica) aumentará el desarrollo potencial de la sociedad. Un cambio hacia otro modelo de desarrollo compete a toda la sociedad, pero es particularmente necesario un proyecto político económico que no esté subrogado a otras políticas (medioambiental, de género, de equilibrio territorial, social, cultural), respetables y necesarias, pero que la experiencia político económica regional pone de manifiesto que su superposición siempre ha primado sobre la coherencia de un proyecto de desarrollo económico consistente. Y más aún cuando otras políticas tildadas de económicas o sociales enmascaran la defensa de intereses partidistas o de colectivos afincados en las administraciones públicas o con capacidad de influencia.