Una nueva sentencia judicial obliga a la delegación provincial de Educación a escolarizar en un centro por encima de lo que especifica la actual normativa.

Es una tremenda paradoja que mientras las organizaciones sindicales y los trabajadores docentes, que defendemos la escuela pública y la calidad de la enseñanza, clamamos por ratios incluso más bajas de las que marca la normativa vigente y la mejora de todos los aspectos que rodean a la enseñanza en este país, para que se igualen al nivel europeo, el poder judicial dicte sentencias que pedagógicamente están demostrado que interfieren directamente en la calidad de la educación que se imparte al conjunto del alumnado.

Claro que debe de existir la libre elección de centro, pero no podemos obviar un detalle: casualmente, todas las denuncias sobre este aspecto las interponen padres que quieren matricular a sus hijos e hijas en centros pseudo-públicos, perdón concertados, normalmente con connotaciones religiosas y de categoría social determinadas. ¿Estos centros son iguales que los totalmente públicos? ¿Puede solicitar matrícula cualquier ciudadano? En teoría sí, pero en la práctica hay algunas condiciones que lo hacen cuando menos, difícil. Aunque lo nieguen, pues de lo contrario sería admitir una ilegalidad, en la mayoría de estos centros concertados-religiosos-cristianos se impone, más o menos solapadamente, la obligación de recibir clase de Religión, de pagar unas cantidades por AMPA, uniformes caros y exclusivos, pago por actividades extraescolares y una amplia variedad de conceptos que rayan la legalidad, pero que hacen que haya parte de la ciudadanía que en la práctica no puedan acceder a estos centros, con lo cual se convierten en reductos elitistas amparados por el sistema público que pagamos todos y todas. Baste ver cómo el propio delegado de Educación reconoce este desnivel social cuando afirma en un medio público que esta sentencia, promovida por un grupo de padres concretos supone, en sus palabras un "agravio comparativo con el resto de padres que no dispone de medios económicos suficientes". Ante esto cabría preguntarle qué hace su delegación provincial, qué hace él mismo para evitar estos agravios que, lógicamente, afectan a las clases menos favorecidas y por ende las que más ayuda necesitan, cuando se le llena la boca afirmando su defensa de una escuela pública y de calidad.

Se argumenta que la propia Consejería de Educación avala la flexibilidad de la ratio y esto es cierto, sólo hay que leer la Ley de Educación, la Orgánica y la Andaluza, o ver la ratio de muchos centros públicos, por lo que es fácil concluir que la administración educativa tiene parte de culpa de estas situaciones por no velar por una calidad real en la educación y dedicarse a erosionar el significado de las palabras educación y calidad en beneficio de la visión economicista que impera desde hace algún tiempo en el campo educativo.

También se echa mano de la libre opinión del profesorado afectado en estos centros concertados sobre si el número de alumnos afecta a la calidad de la enseñanza. Es para reírse, pues los trabajadores de estos centros son contratados a dedo por no se sabe qué criterios que interesan a la empresa educativa que los contrata y por supuesto no van a poner en peligro sus puestos de trabajo por llevar la contraria a los jefes de su empresa.

Por último, tampoco vamos a engañarnos; las costosas denuncias de estos padres y madres que quieren a toda costa que sus descendientes reciban la educación que ellos, en su pleno derecho, han elegido, están alentadas por los propios empresarios de estos centros, pues no olvidemos que a más alumnos más subvenciones, más probabilidades de forzar la creación de nuevas unidades, etc. En definitiva, más financiación pública para una enseñanza no tan pública.

Es curioso que se tengan en cuenta las peticiones de los padres y madres del colegio San Felipe Neri de Cádiz, cuando este mismo año se ha cerrado el IES La Paz, de esta misma capital, en contra de las peticiones del alumnado, profesorado, AMPA, Ayuntamiento, Diputación Provincial y organizaciones sindicales. Claro que no tenían dinero para contratar caros abogados que los defendieran en los tribunales de Justicia y les dieran la razón, como ha sucedido en el caso de San Felipe Neri. Libre elección de centro, ¿para todos?.