EL tema de la reforma del Senado ha vuelto a saltar de nuevo al primer plano de la actualidad en estos días. Según ha informado el diario El País, representantes parlamentarios populares y socialistas estarían ultimando un borrador de acuerdo para modificar las funciones que la Constitución atribuye a dicha Cámara. La idea de fondo que inspira tal reforma buscaría potenciar el perfil de cámara de representación territorial con el que aparece constitucionalmente definido el Senado, atribuyéndole facultades decisorias en todos aquellos procesos en los que se dilucidan cuestiones directa y específicamente relacionadas con las comunidades autónomas. El Senado abandonaría su actual rol de mera cámara de repetición de las decisiones previamente adoptadas por el Congreso, adquiriendo voz propia en el terreno de las decisiones estatales en las que el interés autonómico se halla concernido.

A falta de mayor conocimiento sobre el contenido de la reforma, vaya por delante una primera valoración positiva en torno la iniciativa de modificar la Constitución. Como contrapunto al inmovilismo que en este terreno ha venido demostrando el Partido Popular, la noticia de que algo está cambiando debe ser bienvenida.

Hasta aquí, sin embargo, los parabienes. Resulta obvio que en el actual contexto de crisis que atraviesa el Estado Autonómico carece de sentido reformar únicamente el Senado y hacerlo sólo de forma limitada (su actual extracción eminentemente provincial no se cambiaría). El brutal desafío independentista lanzado desde Cataluña lejos de amainar sigue en alza: ahí está para confirmarlo el rosario de continuas provocaciones contra la legalidad vigente que lleva a cabo la Generalitat y cuyo último capítulo -por el momento- es la convocatoria de unas pretendidas elecciones plebiscitarias el 27-S. Pero al margen de la excepcionalidad del caso catalán, lo cierto es que el modelo de descentralización política denota evidentes signos de agotamiento.

La amplia reforma constitucional propuesta por Rodríguez Zapatero en 2004 incluía entre sus previsiones distintas referencias a la cuestión autonómica, pero la frontal negativa manifestada por el Partido Popular a acometer el proceso de cambio impidió cualquier avance. El intento de superar el desajuste entre las aspiraciones de un mayor y mejor autogobierno auspiciado inicialmente por Cataluña (y emulado con posterioridad por otras comunidades, entre ellas Andalucía) siguió adelante, encauzándose a través de ambiciosos procesos de reforma/sustitución de los estatutos de Autonomía que, sin embargo, no arrojaron los resultados esperados. Desde una perspectiva general, lejos de solventar el problema planteado lo condujo a un punto muerto en el que las modificaciones estatutarias no han traído consigo apreciables cambios. Por su parte, desde una aproximación específica, baste recordar las nocivas consecuencias que en Cataluña produjo la sentencia del Tribunal Constitucional desactivando el núcleo esencial del nuevo Estatuto. Una resolución que actuó como detonante de un incremento exponencial del sentimiento de frustración en sectores crecientes de la sociedad catalana lo cual, a su vez, se tradujo políticamente en la extrema radicalización del discurso nacionalista.

En este difícil contexto de fondo, no cabe duda de que el tema de la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones estatales en una cámara en la que estén adecuadamente representadas resulta indiscutible. La primera tarea sería eliminar la actual circunscripción provincial y sustituirla por otra autonómica. La ausencia de un foro en el que las comunidades hagan sentir directamente su voz, ha dificultado extraordinariamente su normal integración en la dinámica estatal. A este respecto existe general coincidencia al considerar que esa carencia ha supuesto una de las principales rémoras para el desarrollo de una cultura política federal. Cualquier pretensión de aggiornamento del Estado de las Autonomías pasa inexorablemente por la redefinición integral del Senado, en tanto que pieza esencial de su estructura.

El PP puede seguir recitando la parte de Don Tancredo, que no se mueve pretendiendo que nada o poco sucede. Por su parte, parece que el PSOE se sube al carro de la pírrica reforma constitucional movido por la cortoplacista esperanza de obtener algún rédito electoral. Pero si los cimientos del edificio constitucional están afectados por un serio problema, ¿para qué sirve arreglar la grieta abierta en una de sus plantas y además hacerlo parcialmente? ¿Resolverá el problema de fondo? Ciertamente, no. Para ese viaje, señores políticos, no se necesitan tales alforjas.