UN profundo conocedor de Cataluña y de Artur Mas me contaba hace semanas que el presidente de la Generalitat tenía dos personas de absoluta confianza en su gobierno: el consejero de Presidencia, Francesc Homs, y el de Justicia, Germà Gordó. Los tres son amigos desde la adolescencia y están unidos por el sueño independentista.

Por eso son tan relevantes las posiciones y pronunciamientos de ambos y tan indicativas del cambio que se está produciendo en el proceso soberanista catalán. Homs acaba de recibir con agrado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo -que, a su vez, manda mucho en el Gobierno Rajoy-, la propuesta de un acuerdo entre Madrid y Barcelona sobre tres ejes: financiación autonómica, infraestructuras y lengua y cultura. Gordó, por su parte, ha aprovechado un foro de debate político para anunciar solemnemente: no ve posible una consulta sobre el derecho a decidir de Cataluña si no es a través de un pacto con el Estado.

El conseller de Justicia se amparó en una cláusula que no por casualidad figuraba en el pacto de legislatura firmado por su partido (Convergència) y Esquerra Republicana de Catalunya que hizo posible la continuidad de Artur Mas al frente de la Generalitat: que el calendario para la consulta soberanista, fechada en principio para 2014, podría modificarse si lo recomienda el contexto económico, político y social. Así pues, dentro del núcleo duro de Convergència y del Govern dicha cláusula ha empezado a considerarse, si es que no están decididos ya a aplicarla.

Es, por otra parte, lo que desde el primer momento pidió el socio natural de Convergència (Unió, el partido de Duran Lleida) y lo que no han dejado de demandar los empresarios más influyentes de Cataluña. Ninguna unilateralidad y nunca un referéndum contra la opinión el Gobierno de España. Mucho menos una declaración directa de independencia por parte el Parlamento catalán, como se ha encargado también de descartar el pasado fin de semana el propio Mas, todavía satisfecho con su entrevista secreta con Rajoy y la confirmación de que Montoro flexibilizará las exigencias de control del déficit público a ciertas comunidades autónomas. Cataluña no puede actuar como Kosovo.

Mejor que las cosas estén así y no como estaban antes, aunque mantendremos la escopeta cargada -metafóricamente- hasta comprobar cuánto nos va a costar el cambio.