Este miércoles arranca el juicio por uno de los patrimonios más impresionantes de la provincia de Cádiz y Andalucía. Por la posesión del archivo privado más importante de Europa y el mundo. Un material único integrado por 6.318 legajos que aspiran a ser Patrimonio de la Humanidad, el Palacio de los Guzmanes de Sanlúcar de Barrameda y todos los bienes muebles que lo componen, con un total de 200 obras de arte. Es el legado de Luisa Isabel Álvarez Toledo y Maura, la fallecida duquesa de Medina Sidonia, cuyo futuro pende de este proceso judicial en el que sus herederos reclaman lo que consideran suyo.

Durante un mes -hasta el 30 de octubre- se librará esta auténtica batalla judicial tras la demanda interpuesta por sus tres hijos, Leoncio, Pilar y Gabriel. En ella reclaman la inoficiosidad de la Fundación Casa Medina Sidonia, a fin de que los bienes que lo integran pasen a formar parte de su patrimonio; al Ayuntamiento de Sanlúcar, al que la duquesa cedió la antigua iglesia de la Merced, y a Liliane Dahlmann, la viuda de su madre (con la que se casó in artículo mortis), que a su vez es presidenta de la Fundación, y a la que reclaman dos parcelas que fueron adquiridas en Atlanterra (Zahara de los Atunes) en 1993.

Un litigio que dio comienzo hace tres años y que cada hermano interpuso por separado, el mismo día y con el mismo objeto, pero representados cada uno de ellos por un letrado diferente. Es la disputada herencia de la duquesa roja, que los hijos tasaron en 60 millones de euros. Pero, ¿cuánto vale un archivo de tal valor histórico? ¿Tiene precio un legado que fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento? ¿Qué blindaje le confiere esta figura contra cualquier acción? ¿Qué derecho tienen sus hijos a poseerlo?

El caso es complicado, repleto de aristas y vericuetos por los que discurren los argumentos. Los de las partes implicadas y de aquellos que suspiran por que todo siga como hasta hoy. Como ella quiso. Porque Luisa Isabel Álvarez Toledo y Maura quiso donar todo su patrimonio a la Fundación Casa Medina Sidonia. De ahí la intención de sus hijos de finiquitarla, de que se declare inoficiosa, para que aquella donación vuelva a formar parte de un patrimonio que podría caer en sus manos.

Su hijo menor, Gabriel, ha aireado ante varios medios las malas relaciones con su madre, a la que incluso acusó de abandono. Otras voces más allegadas a la duquesa hablan de matrimonio forzoso, el de la duquesa y su exmarido, de una separación temprana, y unos hijos casi arrebatados de los brazos de su progenitora. De cartas de ella sin entregar. De deberes económicos cumplidos. De historias que pueden ser más o menos ciertas, pero que intentan encajar en el destino de una herencia con vocación divulgativa, que podría caer en otras manos, la de sus propios descendientes, y ser gestionada de diferente manera, si los demandantes ganan la causa.

Pero no es tarea fácil. Así lo explica José Gómez Villegas, portavoz del patronato de la Fundación Casa Medina Sidonia, además de presidente del Consejo Asesor de la Fundación. "Estamos hablando de un patrimonio BIC, que no tiene valor en el mercado. Sus seis millones de documentos no pueden ser objeto de venta". Un valor muy subjetivo que debe ser tasado. "Es un caso muy complejo porque habría participaciones indivisas, que habría que confirmarlas. Es cierto que el código civil establece que nadie está obligado a permanecer en indivisión pero, por otra parte, no se puede dividir", puntualiza.

Gómez Villegas recuerda que el patronato de la Fundación lo integran siete miembros en total, de los cuáles cuatro son administraciones públicas. Ayuntamiento de Sanlúcar, Diputación de Cádiz, Ministerio de Cultura y Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que además se ha personado en el juicio por la defensa de este patrimonio declarado BIC. "Se trata de una fundación de carácter privado pero con manifiesta vocación pública".

Entre estos patronos también figuran el hijo mayor de la duquesa, Leoncio Alonso González de Gregorio, duque de Medina Sidonia. En su caso parece que ha asistido a las reuniones de este organismo, de las que ha participado durante más de diez años, pero a las que ha dejado de asistir.

Para terminar de enredar el asunto, también han sido demandadas las contadoras partidoras por los propios demandados, al considerarse que no ha respetado la voluntad de la fundadora.

El juicio por el legado de la duquesa roja comienza con el respaldo de buena parte de la sociedad y del conjunto de las administraciones. Todos a una en una causa por la defensa del patrimonio histórico-artístico-cultural de la Fundación Casa Medina Sidonia.

Antonio Reyes, portavoz de la Plataforma Fundación Casa Medina Sidonia, tiene claro el objetivo. Que el patrimonio siga unido y no se deslocalice, que siga teniendo vocación de servicio público y continúe como fiel instrumento de investigación y conocimiento. "Que se aproveche su potencial cultural, como elemento dinamizador del territorio, pues es un gran desconocido", reclama Antonio Reyes.

Desde que se creó hace dos meses, el 21 de julio, se han adherido a la plataforma más de cuarenta asociaciones y colectivos gaditanos y andaluces. Las últimas, la de la Confederación de Empresarios de Cádiz o el Atlético Sanluqueño, además de algunos consejos locales de hermandades cofrades, e incluso grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, del Senado y el Parlamento Andaluz, "de los que estamos recibiendo acuses de recibo". Sin ir más lejos, el miércoles se aprobó por unanimidad en el pleno de Diputación el manifiesto promovido por esta Plataforma.

Entre sus temores principales cuenta la posibilidad de traslado del Archivo Ducal a Tavera. Y aunque el duque de Medina Sidonia, Leoncio Alonso González de Gregorio, manifestó hace unos días en un acto público que "el patrimonio cultural" de su familia "seguirá estando donde estuvo durante siglos, en esta ciudad", su mensaje ha sido tomado con cautela desde la plataforma ciudadana.

La misma que le solicitan a las administraciones y a la Junta de Andalucía. "Tienen que estar alerta y prevenidos, prever cualquier supuesto que pueda ocurrir, mostrar su apoyo tácitamente, y asumir la responsabilidad de preservar el patrimonio. Que las palabras se las lleva el viento", asevera Antonio Reyes. Desde la propia administración autónomica se brindaba el máximo respaldo hace unos días en una visita de la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, al Archivo.

Las cartas están echadas para que el día 30 se inicie este macrojuicio con sesiones cada dos días que se seguirán desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar. El juicio por la disputada y mediática herencia de la duquesa roja.