La candidata socialista a la Alcaldía ha abierto un proceso judicial contra la Junta por una desavenencia laboral. La demanda presentada por Marta Meléndez se remonta a 2008 durante su etapa en el ISE, el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios, una empresa autonómica encargada de la construcción y conservación de colegios, así como a la gestión de los servicios complementarios de enseñanza.

La política gaditana, que declinó hacer valoraciones a Diario de Cádiz, reclama a la entidad el pago de unos complementos salariales que no se incluyeron en la liquidación que recibió a su marcha de este organismo. Según explicaron varias fuentes, el caso se originó como consecuencia de una baja por maternidad, tras la cual sólo se le abonaron cantidades del salario que tenía como trabajadora laboral fija pero sin incluir los pluses que tenía reconocidos en el contrato, según su versión.

Esta discrepancia sobre el finiquito es la que ha derivado en una demanda que la candidata del PSOE presentó ante el Juzgado de lo Social de Cádiz el pasado 5 de noviembre, cuando todavía no había sido elegida como 'alcaldable' de cara a los próximos comicios municipales que se celebrarán en mayo de 2011. No obstante, según apuntaron fuentes próximas a la socialista, previamente a este litigio judicial se celebró un acto de conciliación para tratar de alcanzar una solución negociada entre ambas partes, sin que finalmente fuera posible el acuerdo.

Pese a que la demanda fue interpuesta hace diez meses, el proceso sigue abierto y la próxima citación judicial será el jueves, 23 de septiembre, cuando se celebrará el juicio en el Juzgado de lo Social. Entonces, la candidata, licenciada en Derecho, tendrá que enfrentarse los abogados de la Administración autonómica para hacer valer su reclamación pecuniaria.

En el texto de los actos preparatorios de este proceso, a los que ha tenido acceso este periódico, la abogada defendía que no percibió "ni el salario máximo correspondiente al año 2008, complemento salarial que se liquida íntegramente a 31 de diciembre, según se establece en el contrato de trabajo". En consecuencia, y para iniciar el procedimiento, solicitaba una serie de documentación "esencial para fundamentar su demanda", según consta en el mismo documento. Entre la información requerida, figuraban "recibos de salarios" del último año, así como detalles correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, como "acuerdos de desempeño en vigor", "certificación en la que se haga constar los criterios de determinación de los porcentajes de cumplimiento de los objetivos empresariales y los sistemas de evaluación de desempeño de competencias", "valoración del grado de cumplimiento de los objetivos y del desempeño de las competencias realizadas" y, finalmente, recibos del salario del personal de esta Oficina provincial.

Meléndez ocupaba desde el 26 de enero de 2006 el cargo de administradora de la Oficina de Gestión de Servicios de la Gerencia Provincial del ISE. La denuncia se interpuso a su marcha de esta empresa pública con motivo de su incorporación a la plantilla de la Oficina del Bicentenario creada por la Diputación de Cádiz para organizar eventos vinculados a la efeméride constitucionalista de 2012. Su entrada en este nuevo departamento se produjo dentro de un protocolo de colaboración suscrito entre el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos y la Diputación.

En virtud de este convenio, suscrito el 16 de diciembre de 2008, la entidad provincial acordó recibir "asesoramiento en la planificación y producción de las actividades que organice relacionadas con la educación a través de los programas destinados a la divulgación de los valores e historia derivados de la Constitución de 1812". Además, según la tercera cláusula del protocolo, "el personal destacado por el Ente Público" para este fin "conservará en todo momento el estatuto laboral" que ostentara con anterioridad al momento de su asignación, "corriendo todos los gastos asociados a sus retribuciones y prestaciones (...) por cuenta del Ente Público". De acuerdo con esta estipulación, las percepciones que recibe esta plantilla siguen saliendo del presupuesto del ISE.