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Caso Umax
La ex asesora de la Dirección General de Trabajo aporta dos facturas impagadas de Umax fechadas en 2007
El director General de Trabajo era entonces Francisco Javier Guerrero. Según la testigo se trataba del pago por una "asistencia técnica instrumental a través de la Faffe". .
Caso "contratos fantasmas" de Umax
Juan Márquez y Daniel Rivera desconocían la existencia del contrato de Umax
Los trabajadores de Umax empresa eran el 25% de la plantilla de la Dirección General de Trabajo.
Los "contratos fantasma" de Umax
El dueño de Umax niega que contratara a los "amigos" de Guerrero
Ulpiano Cuadrado reconoce un "contrato verbal" con Guerrero para las contrataciones de personal externo en la dirección general de Trabajo. El propietario reitera que la Junta le adeuda 1,5 millones.
Caso de los "contratos fantasma" de Umax
Las defensas denuncian la "investigación prospectiva" y la falta de indicios de los "contratos fantasma" de Umax
La acusación particular que ejerce la Junta lamenta que durante años no se ha documentado la "actividad administrativa" de la Dirección General de Trabajo, con contrataciones "verbales" y por una "enorme cuantía y al margen de la legalidad".
Actualidad
Arranca el juicio por los "contratos fantasma" de Umax
La Fiscalía de Sevilla reclama diez años de prisión para los ex altos cargos por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad. La Audiencia fija un mínimo de 11 sesiones entre enero y marzo de un juicio en el que hay procesados cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
Irregularidades en las contrataciones públicas
El juicio por los "contratos fantasma" de la Junta con Umax arrancará el 8 de enero de 2019
La Audiencia fija un mínimo de 14 sesiones entre enero y marzo de un juicio en el que hay procesados cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. La Fiscalía de Sevilla reclama diez años de prisión para los ex altos cargos por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad.