La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró este miércoles la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en busca de contratos posiblemente irregulares de los últimos cinco años, en coincidencia con la etapa de Luis Rubiales al frente de la entidad.

Un registro que se suma a otros diez, entre ellos el de la vivienda de Granada del ex presidente de la RFEF, investigado, que no detenido, por un supuesto delito de corrupción, entre otros, y fuera de España, en

concreto en la República Dominicana, según indicaron algunas fuentes próximas al caso. Tanto la jueza del caso como los investigadores sabían que desde hace días no se encontraba en nuestro país, pero en los planes del operativo desplegado ayer no entraba detenerle, ya que por el momento su nombre aparece junto con los de otras cuatro personas en calidad de investigado.

Sí se han producido siete detenciones: cinco en Madrid y dos en Granada. Entre estos arrestos, el de un hombre de confianza de Rubiales, el asesor jurídico externo de la Federación de Fútbol, Tomás González Cueto.

Otros de los detenidos son los directores de Servicios Jurídicos y de Recursos Humanos de la Federación, Pedro González Segura y José Javier Giménez, respectivamente.

El dispositivo está dirigido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía contra Corrupción y la Criminalidad Organizada y con la UCO.

Se trata del mismo juzgado que comenzó a investigar el contrato para el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí firmado por Rubiales con el empresario y ex futbolista Gerard Piqué y redactado por el despacho del asesor jurídico externo de la Federación de Fútbol, es decir, de González Cueto, uno de los detenidos.

Ahora se están investigando más contratos, aunque las fuentes no han desvelado cuáles porque las diligencias están secretas.

Sí han precisado los delitos que se investigan: corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Desde primera hora los guardias civiles registraron la sede de la Federación para, por orden de la jueza, recopilar documentación que ha pedido en varias ocasiones y que la institución no ha entregado.

Todo se inició a raíz de una querella presentada por el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (Cenafe) y de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, Miguel Galán, en mayo de 2022, contra Rubiales y Piqué por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

La presencia de los agentes de la UCO en la Federación ha obligado a la junta gestora de la RFEF a aplazar la reunión prevista ayer para convocar elecciones a la presidencia y completar el mandato de Luis Rubiales.

La gestora que preside Pedro Rocha estaba citada en la tarde de ayer para proceder a la convocatoria electoral, pero la reunión ha sido aplazada sin fecha de momento, según fuentes federativas.

Los once registros previstos se han practicado -algunos seguían anoche- en Madrid, Sevilla, Granada y Torrox (Málaga). Además de la Federación, domicilios particulares y algún hotel los agentes han registrado el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Precisamente, la Federación firmó un acuerdo por cinco años para jugar la final de la Copa del Rey de fútbol desde 2020 hasta 2024 en el estadio sevillano.